sábado, 7 de junio de 2025
Ha concretado que, entre otros aspectos, el decreto fija que todos los nuevos edificios deberán contar con puntos de recarga y las normas del hábitat serán modificadas para incluir este requisito. En este sentido, ha apuntado que se definen tecnologías para edificios de viviendas, aparcamientos públicos o garajes, pero cualquier vivienda particular podrá instalar estos enchufes. Asimismo, Guerra ha indicado que las poblaciones de entre 50.000 y 150.000 habitantes deberán contar, como mínimo, con una estación de recarga y los de más de 150.000 habitantes, con dos. Se creará también un registro público de estaciones de carga y de las empresas gestoras de las mismas.
El titular de Economía e Industria ha reconocido que en la actualidad circulan "muy pocos" coches eléctricos, pero ha destacado que se trata de un asunto "estructural" y "del futuro". "Perder el tiempo puede significar estar muy atrás después", ha dicho y ha subrayado que Galicia, al ser "el mayor polo de la automoción" de España, tendría "mucho que perder". Además, Guerra ha señalado que el objetivo es también reducir emisiones por el transporte y rebajar la dependencia del petróleo, cuyos precios se ven afectados por la inestabilidad en las zonas de producción. Sin embargo, no ha detallado el coste de las instalaciones de recarga para el coche eléctrico y ha dicho que "depende" de varios factores.
El conselleiro ha indicado que el impulso a los automóviles eléctricos supone "una oportunidad" para las gasolineras, que podrán instalar puntos de recarga. En este sentido, ha explicado que la consellería ha tenido ya una reunión con representantes del sector para exponer los planes del Gobierno gallego, que pasan por la puesta en marcha de 400 cargadores en la red principal de carreteras. Este año está previsto que funcionen siete puntos multifuncionales, a los que se destinan dos millones de euros. Además, ha apuntado que el Gobierno gallego trabajará en paralelo en la mejora de la red eléctrica gallega, con el fin de que pueda soportar la conexión de los automóviles para su recarga. "Todo tiene que desarrollarse conjuntamente", ha destacado.
Guerra ha manifestado su "orgullo" por la nueva norma, que dará seguridad jurídica, técnica y administrativa para el desarrollo de estas infraestructuras. El decreto, ha explicado, determinar las características que deben tener, así como los requisitos de seguridad -deben cumplir las normas que rigen para el ámbito industrial- y la actividad de los promotores y gestores de los puntos de recarga. El impacto, ha asegurado, será "muy positivo" en la economía gallega.
Esta estrategia se complementa, según ha defendido el conselleiro, con las ayudas de la Xunta para la compra de vehículos eléctricos, que se pusieron en marcha en 2009 y alcanzan hasta 7.000 euros. El año pasado se formalizaron 227 transacciones dentro de las subvenciones a vehículos que utilizan total o parcialmente este tipo de tecnologías. De ellas, 197 correspondieron a coches híbridos y 30 a los que usan gas licuado.
A Xunta de Galicia completou esta semana os trámites para a autorización dos nove proxectos de repotenciación voluntaria de parques eólicos recibidas entre finais de 2023 e comezos de 2024 e que permitirán suprimir 286 aeroxeradores do territorio galego así como, coa mesma potencia, incrementar un 35 % a produción de enerxía renovable. Trátase dun procedemento que destacou pola súa axilidade pois os prazos de autorización administrativa acurtáronse considerablemente, completándose en menos dun ano desde a recepción do proxecto definitivo e cumprindo así co mandato comunitario de axilizar as xestións e garantir que non se alongan máis de dous anos.
O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, participou na asemblea xeral Comisión do Arco Atlántico da Conferencia das Rexións Periféricas Marítimas en Sevilla, na que se fixo balance do último ano e se presentaron as previsións para 2026. O director xeral interveu na sesión Un novo marco financeiro plurianual da UE: que hai para o Atlántico, onde defendeu un futuro da política de cohesión descentralizado e o rexeitamento ao cambio de modelo cara un plan único por estado membro, postura baseada nas experiencias previas que mostran que os programas operativos rexionais son a fórmula máis eficiente para a xestión dos orzamentos destinados á cohesión.
