jueves, 11 de junio de 2026
El astillero vigués Vulcano ha quedado abocado a entrar en proceso concursal (antigua suspensión de pagos) tras cancelarse la venta de su filial Juliana y no celebrarse la junta de acreedores por falta de quórum.
Según han informado los sindicatos, gran parte de los acreedores del astillero asturiano, entre ellos los principales -Pymar y Banco Popular-, no han acudido a la cita en Oviedo.
Estaba prevista una reunión de la junta de acreedores en la que se iba a concretar la firma de un convenio por medio del cual se cerraba la venta de las instalaciones de Juliana a Armón por 16 millones de euros, y se pactaba trasladar el sísmico 535 a Vigo para su conclusión. Al no celebrarse la junta, la autoridad judicial ha iniciado el proceso de liquidación de la filial, lo que significa, según ha explicado el portavoz de CC.OO., Ramón Sarmiento, que "la deuda de Juliana -unos 60 millones de euros- recae sobre Vulcano".
En esta situación, el futuro de la empresa viguesa queda comprometido ya que sólo podrá mantener la actividad a corto plazo, y eso siempre que la Xunta facilite los avales necesarios para terminar otro de los sísmicos, el 533, que se está construyendo en la grada viguesa. No obstante, los sindicatos insisten en que es preciso asegurar la financiación de ese barco antes de que se inicie la suspensión de pagos, porque en caso contrario "no habría forma de conseguir avales". También han señalado que "no se puede consentir la paralización de la actividad", de hecho, "se puede seguir la construcción del 533 aún en proceso concursal".
Los trabajadores han decidido mantener su encierro en las instalaciones de Vulcano y prevén reunirse con la dirección para negociar cómo se enfoca el futuro de esta empresa, que cuenta con alrededor de 130 trabajadores en plantilla, pero de la cual dependen en torno a mil operarios contando el empleo directo e indirecto. El presidente del comité de empresa, Antonio Fernández, ha afirmado en asamblea de trabajadores que "llegados a este punto, hay que activar el compromiso del conselleiro Javier Guerra para terminar el 533 con avales del Igape". Asimismo, ha explicado que no descartan convocar movilizaciones a medio plazo, en función de cómo se resuelva la situación del astillero. Fernández ha subrayado que, con los avales del Igape, "en dos o tres semanas habría unas 400 personas trabajando", y ha lamentado que Pymar y el Ministerio de Industria "parece que apuestan por que no se trabaje". "Igual lo que quieren es cerrar los astilleros", ha señalado.
Con respecto a la posición del alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien ha expresado su apoyo a la empresa, aunque le ha recriminado que no se pusiera en contacto con él para pedir su mediación ante Industria, el presidente del comité ha precisado que "se hizo un llamamiento a través de los medios a todas las administraciones". "Todos saben que estamos encerrados, y el que quiso venir, vino", ha apuntado, en referencia a la reunión mantenida este jueves con Javier Guerra.
Xunta, Vulcano y Banco Popular se reúnen el miércoles 13 de octubre para trabajar en los avales
La Xunta, la directiva de Vulcano y el Banco Popular se reunirán el miércoles 15 de octubre para trabajar "ya a nivel técnico" en la línea de avales que necesita el astillero para reanudar su actividad tras la cancelación de la venta de su filial Juliana. Así lo han acordado las tres organizaciones sindicales que componen el comité de empresa -CIG, UGT y CC.OO.-, el propio comité de empresa, la directiva de Vulcano y el director xeral de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, en una reunión celebrada en Vigo.
Según ha explicado a Europa Press el representante de CC.OO. en el astillero, Ramón Sarmiento, lo que necesita en estos momentos la fábrica es "que se acuerde urgentemente un aval" que pueda mantener la actividad de la empresa y no tenga que entrar en proceso concursal. Sarmiento ha recordado que después de conseguir el aval "habrá que evaluar el estado global de Vulcano" para solucionar "la situación comprometida que atraviesa el astillero" y para lo que será necesario la intermediación de la Xunta y la Administración central, pues la situación es de "extrema dificultad".
La Consellería de Economía e Industria ha reafirmado su compromiso con la reactivación de Factorías Vulcano. Así, el director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Angel Bernardo Tahoces, ha asegurado, durante el encuentro de este sábado, que la Xunta concentrará "todos sus esfuerzos" con el objetivo de retomar la actividad en el astillero. Además, Tahoces ha avanzado al final de este encuentro, que "facilitó el levantamiento del cierre de los trabajadores", que la Xunta convocará formalmente al astillero, a la Pymar y al Banco Popular a una reunión en la que también estará presente el Igape y en la que se estudiarán los mecanismos financieros necesarios para terminar la construcción del buque y ha asegurado que "exigirá" la implicación de Pymar y del Ministerio de Industria. Asimismo, el director xeral de Industria ha recordado que el pasado jueves el Consello de la Xunta aprobó una nueva aportación al Fondo de Garantías de Pymar de 2,6 millones de euros, que se suman a los 8 ya emitidos y a los 5 que están comprometidos para el 2011.
Tivo lugar a xornada 'Deputados por un día', na que os escolares galegos levaron ao hemiciclo as súas propostas para mellorar a sociedade. Os catro representantes dos colexios, un por provincia, compartiron na Cámara as súas reflexións sobre a convivencia, o tema arredor do que xira este curso o programa educativo Abraza tus valores, e a relación dos menores coas tecnoloxías. Participaron máis de 8.300 escolares de entre 4 e 12 anos de 83 centros públicos, concertados e privados de Galicia (Arquitecto Casas Novoa de Santiago, o CEIP Plurilingüe A Gándara, de Monforte de Lemos, o CEIP Plurilingüe Irmáns Villar, de Ourense e o CEIP Plurilingüe de Cerdeiriñas, de Piloño).
A actividade levada a cabo pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) para protexer o medio ambiente e o patrimonio natural e paisaxístico galego permitiu o pasado ano a reposición da legalidade en 121 actuacións en toda Galicia. Estas reposicións foron resultado do labor do equipo inspector do organismo adscrito á Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, e repartíronse principalmente na provincia de Pontevedra, con 60 actuacións, seguida da Coruña con 30, Lugo con 21 e Ourense con 10.
