sábado, 2 de mayo de 2026
Una sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo ha decretado la legalidad de una licencia para la construcción de 162 viviendas en el municipio lucense de Barreiros, que había recurrido el anterior gobierno bipartito de la Xunta de Galicia. La resolución judicial viene a dar la razón al ente local frente a la teoría defendida por la Agencia de la Legalidad Urbanística acerca de que la licencia se había concedido en suelo rústico. El urbanismo de Barreiros llegó a estar paralizado por decisión de la anterior Consellería de Policía Territorial.
El alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, ha celebrado la sentencia judicial que avala una de las licencias recurridas por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) -que afecta a una urbanización de 162 viviendas- durante la pasada legislatura y ha proclamado que evidencia que la "intervención" del bipartito en la localidad "era política y no técnica". Según ha explicado el regidor, en declaraciones a Europa Press, la resolución judicial "da la razón" al recurso presentado por el promotor y a las tesis de la corporación local que, ha reiterado, se comporta de forma "muy estricta" a la hora de adjudicar las licencias urbanísticas. "Había que intervenir Barreiros, eso fue lo que pasó, y han iniciado múltiples vías contencioso-administrativas que le han costado caro al ayuntamiento", ha criticado, antes de reafirmarse en que la actuación del departamento que dirigía la ahora diputada María José Caride era "política y no técnica".
Fuente Parga ha explicado que la urbanización que ha recibido el aval judicial se encuentra en uno de los cuatro núcleos urbanos de la localidad lucense y que, por tanto, se ve afectada por el convenio suscrito con la Diputación de Lugo y la Xunta para "desbloquear" la situación urbanística de la misma con la dotación de servicios. Y es que, según el regidor, el anterior Ejecutivo autonómico se encargó de "paralizar" el urbanismo en Barreiros, por lo que ahora espera que corrija la situación.
En este sentido, si bien admite que cada juicio "es un mundo" -quedan otras 43 urbanizaciones pendientes de fallo judicial-, Fuente Parga ha destacado que los argumentos "son los mismos" por que "no se debiera esperar una resolución distinta".
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