miércoles, 10 de junio de 2026
En rueda de prensa, el vicepresidente de A Mesa y responsable de la plataforma Queremos Galego, Fran Rei, denunció que las constantes declaraciones públicas de los responsables autonómicos de educación evidencian que el próximo decreto del gallego "va a suponer un retroceso de los contenidos" que recoge la legislación vigente. "Por primera vez en 30 años, se produce un cambio legislativo que va a suponer un paso atrás en materia de normalización del idioma", denunció. Posteriormente, en declaraciones a Europa Press, Rei avanzó que la plataforma Queremos Galego en su totalidad asumirá dicha huelga general de la enseñanza -motivada en principio por las asociaciones de profesorado y estudiantado-, que extenderá a próximas acciones dirigidas a la totalidad de la sociedad de Galicia.
El secretario nacional de la CIG-Ensino, Anxo Louzao, recordó que, en su momento, "ya se anunció la posibilidad" de llevar a cabo un "paro en la enseñanza" y afirmó que "no es únicamente un paro educativo", ya que la legislación lingüística sobrepasa el ámbito de los padres, alumnos y el profesorado para "afectar a todos los gallegos". En este sentido, denunció el "incumplimiento absoluto" del decreto 124/2007 por parte de la Administración gallega, que es "materia pendiente", además de la ausencia de un plan de formación de profesorado o que el 50 por ciento de las materias se impartan en gallego".
Louzao aclaró que "tampoco se puede justificar" la derogación del actual decreto con los resultados de la consulta a los padres, y se refirió a una sentencia del Tribunal Supremo en la que rechaza que sean los progenitores quienes escojan la lengua en la que deben estudiar sus hijos.
En la misma rueda de prensa, celebrada en el Auditorio de Galicia, STEG consideró que la escuela es el ámbito en el que se debe "luchar contra la desigualdad" y, también, ante "las diferencias sociales entre el gallego y el castellano". Así, demandó "medidas protectoras del gallego en la legislación" y, especialmente, que se promuevan "recursos para el profesorado". Además, criticó la retirada de recursos en gallego de las escuelas de Infantil "en entornos castellano hablantes", además de la eliminación de las horas de formación de profesorado.
En esta línea, AS-PG pidió la "aplicación de la legislación vigente" ante "el derecho a estudiar en gallego" de la juventud, mientras que los comités de estudiantes pidieron a los alumnos gallegos "que no pisen las clases" el día en que se derogue el decreto vigente.
Respecto a la petición de reunión a Queremos Galego por parte del secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, el portavoz de la plataforma, Fran Rei, explicó que "quien tiene que tomar en cuenta" sus reivindicaciones "es el presidente" -Alberto Núñez Feijóo-, ya que la lengua es un asunto "de carácter transversal". Así, aclaró que respondieron a la petición de entrevista de Lorenzo remitiendo una carta al líder del Ejecutivo gallego, de la que por el momento no conocen respuesta. "Silencio administrativo", señaló. Sobre los contenidos o líneas en las que se basará el nuevo decreto que prepara la Xunta, Louzao aseguró que desconocen cualquier dato. "No tenemos ningún tipo de noticia", criticó, para después lamentar que la Xunta tenga "la tentación de presentarlo en épocas que impida una contestación social".
Tivo lugar a xornada 'Deputados por un día', na que os escolares galegos levaron ao hemiciclo as súas propostas para mellorar a sociedade. Os catro representantes dos colexios, un por provincia, compartiron na Cámara as súas reflexións sobre a convivencia, o tema arredor do que xira este curso o programa educativo Abraza tus valores, e a relación dos menores coas tecnoloxías. Participaron máis de 8.300 escolares de entre 4 e 12 anos de 83 centros públicos, concertados e privados de Galicia (Arquitecto Casas Novoa de Santiago, o CEIP Plurilingüe A Gándara, de Monforte de Lemos, o CEIP Plurilingüe Irmáns Villar, de Ourense e o CEIP Plurilingüe de Cerdeiriñas, de Piloño).
A actividade levada a cabo pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) para protexer o medio ambiente e o patrimonio natural e paisaxístico galego permitiu o pasado ano a reposición da legalidade en 121 actuacións en toda Galicia. Estas reposicións foron resultado do labor do equipo inspector do organismo adscrito á Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, e repartíronse principalmente na provincia de Pontevedra, con 60 actuacións, seguida da Coruña con 30, Lugo con 21 e Ourense con 10.
