lunes, 6 de abril de 2026
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) concluye que las políticas públicas de prevención y lucha contra la contaminación marina por vertidos apenas han cambiado después del accidente del Prestige de hace siete años. Esta investigación realizada por la profesora del Departamento de Ciencia Política y Sociología de la UC3M, Verónica Viñas, permite comprender los marcos interpretativos de las políticas públicas referidas a la prevención y lucha contra la contaminación medioambiental debida a vertidos marinos antes y después del accidente del buque petrolero Prestige, que se hundió el 19 de noviembre de 2002.
El estudio, publicado en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) con el título "Catástrofes y cambio de políticas públicas. Prestige seis años después. Un análisis de marcos interpretativos", analiza cuáles son los discursos dominantes en relación a estas políticas públicas, cómo se define el problema, qué es lo que se identifica como causa del problema, cómo se localiza geográficamente y a quienes se les atribuye la responsabilidad del mismo, además de las soluciones propuestas o sus destinatarios, entre otras cuestiones. "Hemos podido concluir que las políticas públicas españolas referidas a catástrofes medioambientales debidas a vertidos marinos antes y después del accidente del buque Prestige poseen más similitudes que diferencias entre los dos períodos estudiados", afirma Verónica Viñas.
De hecho, más de cuatro años después del accidente del petrolero frente a la Costa de la Muerte de Galicia, el buque de bandera panameña Sierra Nava encalló en la costa de Algeciras, a veinte metros de la playa, en enero de 2007. Varios meses después el barco seguía encallado, perdiendo fuel y contaminando el mar y la costa. "Este accidente - señala la profesora Viñas - puso en evidencia nuevamente la facilidad con la que un vertido de combustible es capaz de arruinar un ecosistema, las deficiencias en que navegan algunos barcos dedicados al transporte internacional, la escasez de medios de lucha contra la contaminación por vertidos marinos en España y la lentitud de respuesta de las autoridades competentes".
Este estudio permite extraer algunas lecciones para mejorar la eficacia de las políticas públicas analizadas. De momento, la modificación de las exigencias en el transporte del petróleo por vía marítima ha contribuido a mejorar ligeramente la situación, pero sería más efectivo poder actuar a través de diferentes políticas públicas interrelacionadas. "Para ello sería necesario que los marcos dominantes en las políticas públicas de lucha contra los vertidos marinos fueran más consistentes en la relación entre diagnóstico y pronóstico; que las voces de los movimientos sociales, científicos y expertos en medioambiente fueran más escuchadas; y que los habitantes de las zonas costeras, armadores, extractores, transportistas y comercializadores de hidrocarburos, y la sociedad en general, fueran considerados tanto afectados como responsables del problema y como los que tienes que actuar para solucionarlo", resume la investigadora.
La investigación también destaca que si se tuvieran más en cuenta las opiniones y textos de los científicos se facilitaría la resolución de estos problemas, ya que tienen una visión más comprensiva de las causas y soluciones de estas catástrofes medioambientales. Además, conviene tener en cuenta que el 38 % de la contaminación marina por hidrocarburos proviene del propio consumo de hidrocarburos (descargas desde tierra que acaban en el mar y pequeños derrames de los buques no petroleros) y que sólo el 8 % de esa contaminación se debe a accidentes de buques petroleros, según datos manejados por los investigadores.
Para realizar esta investigación, enmarcada en un proyecto de investigación I+D+i dirigido por el profesor de la UC3M José Ignacio Cases ("Estudio de los Agentes No Públicos y de la Conectividad de los Modelos de Prevención, Gestión y Evaluación de Catástrofes Medioambientales") se ha recurrido al análisis de marcos, un método de gran utilidad para estudiar el proceso de las políticas públicas y el papel que en este proceso juegan los actores institucionales, políticos y sociales, ya que se centra en la construcción y re-construcción de la realidad que realizan estos actores a través de sus documentos y discursos.
En este estudio, los documentos seleccionados para el análisis incluyen textos oficiales referidos a esa política (textos legales, planes y programas), actas de los debates parlamentarios relacionados, programas electorales de los principales partidos políticos en las elecciones nacionales y regionales, documentos de los actores sociales que se consideran relevantes y textos que se publicaron en los medios de comunicación y que reflejan los debates públicos sobre el tema. El análisis de cada uno de los textos se realizó de forma pormenorizada en función de una lista de preguntas elaborándose comparaciones antes y después del Prestige.
Expertos de la UDC critican el traslado del Cepreco y reclaman "coordinación" administrativa para evitar otro 'Prestige'
Expertos en Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña (UDC) critican el traslado a Madrid del Centro para la Prevención y Lucha contra la Contaminación (Cepreco), creado en Galicia tras la catástrofe del 'Prestige', y reclamaron a las administraciones "coordinación" para evitar otro accidente de estas características. En rueda de prensa, coincidiendo con la celebración en la Facultad de Derecho de A Coruña de una serie de actos en conmemoración del séptimo aniversario de esta catástrofe, el ex rector de la UDC y catedrático de Derecho Administrativo, José Luis Meilán, sostuvo que el Cepreco "que se planteó como la gran esperanza, ha sido una gran decepción", afirmó al considerar que desde este centro se ha hecho "muy poco", en referencia a los objetivos que tenía fijados para mejorar la seguridad marítima. Meilán criticó también su "marcha silenciosa y con una forzada y tardía explicación" y cuestionó esta medida al incidir en que la mayoría de accidentes como el del Prestige se dan en el Atlántico y para ello se remitió a la "historia".
En los mismos términos se expresó también la profesora Marta García, miembro del Observatorio del Litoral -constituido en la Universidade da Coruña tras este accidente marítimo-, quien aseguró que esta decisión pone de manifiesto "que no había voluntad política de mantenerlo y que tampoco funcionaba como tenía que funcionar". Sostuvo que entre sus objetivos estaba la coordinación de los planes de contingencia en materia de seguridad marítima entre las comunidades autónomas. "Hoy los elaboran como quieren sin ninguna coordinación y sin que la Administración del Estado las haya sentado a negociar y marcando unas directrices básicas", denunció.
A estos planes se refirió también José Luis Meilán, que dirigió tras la catástrofe un estudio sobre los "Problemas jurídico-administrativos planteados por el Prestige". El ex rector de la Universidade da Coruña recordó hoy que ese informe "incluía 65 recomendaciones y 20 conclusiones", entre ellas la revisión y modificación del plan nacional de contingencia "que sigue sin revisarse", apuntó. Meilán consideró también una asignatura pendiente revisar la distribución competencial, una cuestión a la que también se refirió Marta García, quien argumentó que las comunidades autónomas "podrían estar en condiciones de asumir las competencias de seguridad marítima" y rechazó que para ello sea necesario establecer "demasiados cambios" desde el punto de vista legal.
El director del Observatorio del Litoral, Javier Sanz, denunció que hay "una falta seria de coordinación" entre las distintas administraciones, mientras que calificó como una "asignatura pendiente" el reparto de competencias en esta materia. Asimismo, consideró otras cuestiones por resolver el funcionamiento de las sociedades de clasificación, el control por parte de los Estados de los buques o el establecimiento de puertos refugio. Estos temas se abordan en el libro Régimen Jurídico de la Seguridad Marítima, de la doctora en Derecho Administrativo por la Universidad de Málaga Remedios Zamora, que hoy se presentó en la Facultad de Derecho dentro de los actos programados.
En cuanto al retraso en la celebración del juicio, el ex rector de la UDC y catedrático de Derecho Administrativo calificó de "alarmante" que un solo juzgado se tuviese que hacer cargo de la causa y abogó por que en casos de este tipo sea la propia Audiencia Nacional o las secciones de las Audiencias Provinciales las que la asuman.
O Banco de España acaba de publicar os datos oficiais de débeda pública correspondentes ao peche do exercicio 2025. Nese período, Galicia reduciu a súa ratio de débeda ata o 13,9 % do seu PIB, o que representa a ratio máis baixa dende 2012. Deste xeito, Galicia situase como a cuarta comunidade autónoma de réxime común con nivel de débeda máis baixa e cun diferencial con respecto á media das CCAA de 6,3 puntos porcentuais. A ratio de débeda das CC.AA. situouse no 20,2 %. Logo do esforzo extraordinario por mor da pandemia, Galicia leva unha senda descendente dos seus ratios de endebedamento. Así, desde a pandemia, ano 2020, reduciu a ratio case seis puntos, pasando de 19,6 % ata o 13,9 %.
A implantación da recollida separada de materia orgánica consolídase como o piar fundamental para que Galicia cumpra cos obxectivos ambientais europeos. Dado que os restos orgánicos representan case o 40 % do lixo doméstico, a súa correcta xestión é a chave para baleirar os vertedoiros e xerar compost de alta calidade que retorne á terra como fertilizante. A día de hoxe, o compromiso galego con este sistema é evidente: 295 concellos xa contan con métodos específicos para os biorresiduos.
