lunes, 30 de junio de 2025
El presidente de la Xunta confía en que la postura de las dos cajas gallegas, Caixanova y Caixa Galicia, sobre una eventual fusión entre ambas coincida con la del Gobierno gallego porque ésta «no va a ser caprichosa, irracional y sin motivación». El titular de la Xunta insiste en que la propiedad de las cajas «es de los gallegos, porque no son un banco» y reiteró que la máxima que va a seguir el Gobierno gallego es «rigor, responsabilidad y prudencia», para preservar el interés de los gallegos, de las cajas y de Galicia. La Xunta aprueba la nueva ley eólica y prevé las autorizaciones para 2011.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha asegurado que confía en que la postura de las dos cajas gallegas, Caixanova y Caixa Galicia, sobre una eventual fusión entre ambas coincida con la del Gobierno gallego porque ésta «no va a ser caprichosa, irracional y sin motivación». Núñez Feijoo ha explicado que ni él es el presidente de las cajas ni la conselleira de Facenda, Marta Fernández, es la directora general, por lo que es «lógico» que la Xunta, «que tiene la tutela financiera» de las entidades explique su postura y que después las cajas expliquen la suya.
El titular de la Xunta insiste en que la propiedad de las cajas «es de los gallegos, porque no son un banco» y reiteró que la máxima que va a seguir el Gobierno gallego es «rigor, responsabilidad y prudencia», para preservar el interés de los gallegos, de las cajas y de Galicia. En cuanto a la postura de la Xunta, el presidente gallego indicó que se hará pública «en el plazo y, si es posible, antes del plazo», en alusión a final de año. «Ahora hay movimientos y nosotros estamos atentos para hacer un diagnóstico, ultimamos los trabajos para hacer pública la postura y las asambleas de las cajas tomarán su decisión. Es un puzzle complejo, no reversible», dijo.
Preguntado por la necesidad de «superar localismos estériles», según dijo la conselleira en el Parlamento, el presidente gallego apuntó que «lamentablemente en Galicia no se ha superado la asignatura de los localismos» y mostró su confianza en que éstos «queden aparte», porque si no, continuó «sería un mal servicio a la ciudad y provincia que se quiere defender y a la comunidad». En cualquier caso, las cajas «también tienen que trabajar para explicar su postura», ya que se trata de una «doble responsabilidad», del Ejecutivo autonómico y de las cajas.
El secretario de CIG Banca, Clodomiro Montero, afirmó que las prejubilaciones no cubrirían el total de pérdida de empleos que estima que se produciría con una fusión de las dos cajas gallegas -sus cálculos son de 1.500 puestos de trabajo- y advirtió de que no admitirá "un sólo despido en Caixa Galicia o Caixanova que venga dado" por una operación de integración de ambas entidades. Así lo expuso en una rueda de prensa, en la que manifestó su oposición tanto a una fusión con cajas de fuera de Galicia como entre Caixa Galicia y Caixanova y reclamó a la Xunta que lidere una postura de "consenso". Reprochó al Gobierno gallego que haya tenido contactos con los empresarios pero no con los sindicatos, que tienen representación en los órganos de dirección.
Montero expuso que, según los estudios de la central sindical, se encontraría una estructura duplicada -una oficina de Caixa Galicia y una de Caixanova en el mismo pueblo o barrio- en 400 ocasiones. Para estos casos, el sindicato estima que una de ellas cerrará, por lo que teme que dejen de funcionar 207 oficinas en Galicia, a las que hay que sumar el personal que se perdería en los servicios provinciales (excluidos los de Caixanova en Vigo), lo que conllevaría una pérdida de 817 empleos. Asimismo, los servicios centrales verían recortada su plantilla en un 40 por ciento, lo que significa 680 personas. La suma de ambas cantidades es de casi 1.500 empleos, según el sindicato nacionalista, que agrega también un análisis del número de trabajadores que se podrían acoger a una prejubilación. Son unas 1.065 personas entre las dos entidades, según los cálculos de CIG, que ve insuficiente esta cifra para cubrir las bajas que prevé. Además, el proceso sería "traumático" en las provincias de Pontevedra y Ourense, indicó Montero, que apuntó que "dentro del sector están casi agotadas las prejubilaciones" y que "está por ver si serían autorizadas".
La central sindical apostó por mantener las dos entidades y, en cualquier caso, se mostró "claramente en contra" de un proceso de absorción de cualquiera de las cajas gallegas por parte de otra de fuera. La CIG es contraria a una unión entre Caixa Galicia y Caixanova, argumentó Montero, porque es "una concentración de poder político y económico" que tiene "impacto sobre el empleo y la cohesión social". Censuró también la vía de las prejubilaciones, que calificó de "opción blanda". En este sentido, defendió su "independencia y autonomía" respecto al BNG, que se posiciona a favor de una fusión entre las entidades para preservar su galleguidad, y apuntó que la formación frentista "no tiene los mismos datos sobre empleo" que el sindicato.
El responsable de Banca del sindicato afirmó que se conoce que hay contactos entre la Xunta con las cajas y con los empresarios y manifestó su temor por que ese "debate oculto" signifique que "se habla de un reparto de poder y se deja de lado el empleo", que "debe estar por encima". Además, reprochó que ni las consellerías de Facenda y Economía e Industria ni la cúpula de las cajas respondieron por el momento a sus peticiones para reunirse y consideró que "a estas alturas" ya tendrían que ser públicas las "bondades y los puntos negros" de cada posibilidad. Así, llamó a la Xunta a "liderar el consenso" en la decisión a este respecto, pues "no la pueden tomar dos personas, cuando afecta a todo el país".
La Xunta aprueba la nueva ley eólica y confía en dar las autorizaciones en el segundo semestre de 2011
La Xunta aprobó el anteproyecto de la nueva ley eólica con el objetivo de que Galicia "recupere su liderazgo energético en el ámbito mundial" y avanzó que su previsión es otorgar las primeras autorizaciones "entre mediados y finales" de 2011, con el fin de que los parques estén en funcionamiento en 2012. Así lo confirmaron el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, quien garantizó que la fecha de arranque de los generadores "nunca será más tarde" de la prevista por el decreto autorizado por el bipartito, al que ahora "se da portazo".
La nueva norma, que el Parlamento tramitará ahora por la vía de urgencia, recoge una planificación que, según explicó el titular del ramo, proyecta que el nuevo reparto eólico se materialice a través de diferentes concursos por zonas eólicas. "Habrá diez zonas, subdivididas en áreas, y cada una tendrá su propio concurso", explicó Guerra, aunque, posteriormente, fuentes de la Gobierno gallego consultadas por Europa Press, matizaron que el conselleiro se refería "a paquetes" que se incluirán en una única convocatoria concursal.
Feijóo y Guerra se mostraron satisfechos por el contenido de la ley, un instrumento que -subrayó el conselleiro- permitirá "dar carpetazo" definitivo al "polémico, conflictivo e ilegal" decreto autorizado por el bipartito y que se marca el "objetivo" de que Galicia "recupere el liderazgo energético en los ámbitos europeo y mundial". Con respecto a la aprobación definitiva de la norma, Guerra explicó que será tramitada de "forma urgente" en la Cámara y manifestó su deseo de que se produzca "antes de que finalice este período de sesiones" -en diciembre-, aunque precisó que no puede marcar "el calendario parlamentario". "El Ejecutivo hizo su trabajo, ahora esperamos que se apruebe con la máxima inmediatez", apostilló.
Al término de un Consello "de marcado carácter económico", según reconoció el propio Feijóo, el titular de la Xunta felicitó al departamento económico de su Gobierno por la elaboración de la nueva normativa eólica y proclamó que se ha realizado "bajo tres salvaguardas: la legalidad, la defensa de los intereses de los gallegos y cumplir la palabra dada (en la pasada campaña electoral)". Para alcanzar las "máximas garantías jurídicas", la Xunta consultó a un total de seis expertos de las universidades de Santiago de Compostela, la Carlos III y la Complutense de Madrid que, según explicó el presidente, "avalaron" el "rigor técnico y la seguridad jurídica" de la nueva ley, trabajando "desde la más absoluta neutralidad e imparcialidad".
Guerra también destacó este aspecto y contrapuso la nueva norma con el papel que jugó el anterior decreto "anulado por sus tachas de legalidad". Además, abogó por "recuperar el tiempo perdido" durante la pasada legislatura en la que, a su juicio, se habló más "de los problemas legales del concurso" que del peso del sector en la economía gallega. En este sentido, resaltó que la norma recoge algunos puntos que permitirán agilizar la tramitación eólica. "No hará falta el proyecto sectorial -porque se parte del plan sectorial ya vigente- y bastará con la licencia municipal para el uso de los parques", explicó el conselleiro y subrayó que la supresión de este trámite administrativo permitirá "ganar diez meses". Además de eliminar la presentación del proyecto sectorial, la nueva ley eólica establecerá una fianza del 2% -sobre el proyecto industrial- que se mantendrá hasta que el plan industrial esté finalizado. Con esta fianza, el objetivo es "impedir la especulación" que podría generarse con la transmisión de los polígonos.
Asimismo, se modifica el proceso de autorización de los parques y suprime la obligación de favorecer la participación pública. "La seguridad jurídica está garantizada", proclamó Guerra, quien se congratuló también por los mecanismos de compensación medioambiental que estipula la norma -un canon eólico (por el que se prevé ingresar 30 millones de euros) y el fondo de compensación para los ayuntamientos que acojan los parques-. Javier Guerra explicó que el nuevo texto legal permitirá situar a Galicia "en la vanguardia" del sector eólico y negó vaya a "paralizarlo", como apunta la oposición, asegurando que dará "el impulso preciso" para que las nuevas instalaciones eólicas entren en funcionamiento "lo antes posible y con la mayor seguridad y transparencia". Además, subrayó que, de forma paralela a este proceso, Economía "ha desbloqueado" las autorizaciones que estaban pendientes de concursos aprobados previamente al "polémico" autorizado por el bipartito. "En sólo tres meses se autorizaron casi la mitad de megavatios que en la anterior legislatura", sentenció Guerra. El conselleiro de Economía explicó que la aprobación de la nueva norma -acción para la que Feijóo manifestó su deseo de contar "apoyo" de PSdeG y BNG en la Cámara- "dejará sin efecto" los recursos jurídicos presentados contra el anterior decreto.
Galicia reforza por terceiro curso consecutivo o seu liderado na taxa de escolaridade de 0 a 3 anos e achégase ao 65 %, máis de 15 puntos por riba da media de España, segundo os últimos datos oficiais que vén de publicar hoxe o Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes. Deste xeito, Galicia segue sendo a comunidade autónoma onde máis familias poden acudir a unha escola infantil totalmente gratuíta. As cifras oficiais revelan que Galicia rexistrou no curso 2024-2025 unha taxa do 64,3 % de escolarización, máis de catro puntos por riba do 60,6 % acadado no período anterior. Esta porcentaxe mantén á comunidade ao nivel dos países con maiores índices de benestar en Europa, como Suecia ou Dinamarca.
No marco do Plan de Actuacións da Xunta de Galicia fronte aos posibles efectos das altas temperaturas sobre a saúde, vénse de activar o nivel 1 de alerta a diversas áreas da comunidade autónoma por episodio de calor. Meteogalicia informa que a partir da xornada do venres 27, as altas presións volverán localizarse ao norte da península Ibérica, achegando unha masa de aire moi cálida de orixe norteafricana. Isto fará que as temperaturas experimenten significativos ascensos, tanto nos valores mínimos como nos máximos. Este ascenso de temperaturas comezará a notarse desde ese mesmo día, cando en moitos puntos de Galicia se superarán os 30ºC, e mesmo os 35ºC, en puntos do interior.
