El secretario xeral de Comisiones Obreras (CC.OO.) en Galicia, José Manuel Sánchez Aguión, urgió a la Xunta a presentar de inmediato a los sindicatos el plan de choque completo contra la crisis "comprometido" y a dejar de anunciar medidas "con cuentagotas". Asimismo, confió en trasladar a Galicia el acuerdo sindical en el ámbito nacional y sellar con CIG y UGT "un pacto gallego por la economía".
Acompañado por la secretaria xeral de Emprego de CC.OO., Maica Bouza, y su homóloga en el ámbito estatal, Paloma López Bermejo, Sánchez Aguión instó al Gobierno gallego "a cumplir su promesa" y remitir a los sindicatos un documento completo con las medidas que prevé habilitar para hacer frente a los efectos de la recesión en la comunidad. "Nos lo iban a enviar a los quince días de Gobierno y llevan ya más de un mes", subrayó y alertó de que la situación es "urgente". "Estamos deseando sentarnos en una mesa con la Xunta para ver qué vamos a hacer", continuó Sánchez Aguión y explicó que, para ello, es necesario "conocer" el plan de actuación del Gobierno gallego y no sólo medidas "puntuales" como la activación de 28 millones de euros para contratar a 4.000 desempleados gallegos que no perciben ningún tipo de prestación.
El dirigente sindical valoró la medida anunciada en sede parlamentaria por el jefe del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, la pasada semana, aunque la vió "claramente insuficiente". Por ello, instó al Ejecutivo autonómico a "concretarla" y "ampliarla" con otras medidas complementarias de inmediato. "No nos podemos permitir esperar los cien días de cortesía", advirtió. A la espera de la convocatoria de la Xunta, CC.OO. presentó hoy los principios rectores de un 'Pacto Galego pola Economía, a Industria e a Protección Social' similar al que, en el ámbito estatal, ha consensuado con UGT y presentado al Gobierno central.
Según avanzó Sánchez Aguión, el objetivo de CC.OO. es "ponerlo en común" con UGT y CIG para alcanzar un acuerdo sindical "amplio" antes de dejarlo sobre la mesa de Núñez Feijóo. No obstante, el dirigente sindical subrayó que tanto el máximo mandatario gallego como la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, conocen "en líneas gruesas" las propuestas que incluye el documento. El "pacto gallego" que propone CC.OO. se asienta, según explicó Maica Bouza, en tres pilares "a corto plazo": "incrementar" la protección social, "detener" la destrucción de empleo y "activar" la reactivación económica en la comunidad, todo ello dentro del "diálogo social".
A medio y largo plazo, el sindicato apuesta por "un nuevo modelo productivo" con una base industrial "sólida" donde las pequeñas y medianas empresas (pymes) actúen como motor de empleo, apoyado en una estrategia de "investigación y desarrollo" como "aval de competitividad". Entre las medidas concretas para "ampliar" la protección social, CC.OO. apostó por crear una renta de inserción para las personas que "agoten" las prestaciones por desempleo y no encuentren un nuevo trabajo. También piden "ayudas" para complementar las prestaciones afectadas por expedientes de regulación de empleo (ERE). Maica Bouza enfatizó, además, la necesidad de desarrollar el Sistema para la Atención a la Dependencia potenciando la creación de servicios frente a las libranzas económicas. Asimismo, apostó por revisar la Lei de Servizos sociais de Galicia y "modificar" la renta de inserción social de Galicia (Risga) para que cumpla el objetivo de "reinserción sociolaboral".
Según explicó la secretaria de Emprego de CC.OO. en Galicia, la propuesta del sindicato aboga por la elaboración de planes "integrales" en materia de trabajo encaminados a buscar la inserción laboral de los parados más afectados por la crisis. En este escenario, Bouza reivindicó el papel de la Administración autonómica "como empleador". "Hay que potenciar el papel empleador de la Xunta", indicó y apostó por incrementar las ofertas de empleo público. Además, CC.OO. pretende que se "refuercen" las líneas de apoyo a los trabajadores autónomos. A la hora de "reactivar" la actividad económica, la portavoz de CC.OO. aseguró que la Xunta cuenta con instrumentos "suficientes" para "asegurar" la financiación de las pymes y le instó a "utilizarlos". En la línea, exigió la creación de mesas de negociación "estables", sobre todo para aquellos subsectores económicos "más afectados" por la crisis.
La propuesta económica de CC.OO. apuesta por establecer líneas de avales públicos que permitan la financiación de la deuda de las familias así como el impulso de dos planes para apoyar al pequeño comercio y "reorientar" la construcción hacia un modelo basado en la rehabilitación y en la potenciación de la vivienda de protección oficial, respectivamente.
En la rueda de prensa intervino también la secretaria general de Empleo de la Confederación Sindical de CC.OO., Paloma López Bermejo, quien enfatizó el "papel del diálogo social" y su "concreción" en el ámbito estatal en un 'Pacto de legislatura por la Economía, el Empleo y la Cohesión Social', también suscrito por UGT. López Bermejo destacó los principios de este "pacto de Estado", entre los que se incluye la propuesta de "reorientar" la actual política fiscal para adaptarla "a las necesidades reales" de la ciudadanía. "La política fiscal no se está orientando bien", censuró López y agregó que "no se puede rebajar impuestos" y pretender prestar los servicios públicos y de protección social "con la misma calidad". "Una buena política fiscal llevará a una mejor salida de la crisis", resolvió.
En este escenario, aseguró que la subida de los impuestos del carburante y del tabaco "no solucionan el problema" y apostó por "recuperar" otros tributos como el que grava las transmisiones patrimoniales y sucesiones al considerar que "obliga a pagar a quien más tiene". Por otra parte, se mostró partidaria de suspender otras medidas como el 'cheque bebé' de 2.500 euros por nacimiento o la devolución de 400 euros del IRPF y destinar estos recursos a inversiones productivas. Además, CC.OO. demandó el "aumento" del IRPF para "las rentas más altas" y la "lucha" contra el fraude fiscal que, a su juicio, hace perder al Estado "una elevada cantidad de recursos".