miércoles, 29 de abril de 2026
Las universidades gallegas demandaron a la Administración "apoyo financiero" para realizar los cambios necesarios para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que deberá estar totalmente implantado en un plazo de dos años y que, en consecuencia, exige culminar los procesos de verificación en el curso 2009-2010. En la presentación de las experiencias piloto del EEES promovidas desde 2002 en diez centros con la participación de más de 500 profesores, representantes académicos recordaron que los principios establecidos en la Declaración de Bolonia prevén modificaciones normativas y funcionales que precisarán de una "decidida" apuesta económica por parte de la Xunta.
Así, advirtieron de que "no existe el coste cero" -"es siempre uno retrasado", apuntaron-, si bien, paralelamente, asumieron que los objetivos previstos "no son sólo responsabilidad de la Administración", ya que las propias instituciones académicas deben "plantearse una nueva organización". "Y ahí deberán estar los gobiernos de las universidades y de las facultades", aseveraron. En este sentido, el director de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (Acsug), Julio Abalde, recordó que los retos pendientes supondrán un "cambio radical que afectará a todos" y exigirá que los distintos estamentos que componen la comunidad universitaria "pongan de su parte".
Uno de los máximos impulsores del proyecto piloto, el decano de Biología de la Universidade de Vigo, Pedro Pablo Gallego, responsable de presentar las conclusiones, explicó que las nuevas necesidades implican instalaciones diferentes a las que caracterizan a las actuales facultades para promover clases, foros y seminarios que implementarán las clases. Al respecto, abogó por superar la normativa que "consagra" la evaluación del alumno al examen final y promover fórmulas alternativas que permitan calificarlo a lo largo del curso, para que los propios estudiantes "vean que no se lo juegan todo" en una prueba definitiva. "Hasta ahora el sistema obliga al examen final", recordó. Para ello, planteó sustituir la hegemonía de las clases magistrales por seminarios y otros planteamientos que permitan la "evaluación continua". Además, detectó una "excesiva carga de trabajo" que, en su opinión, obliga a "reducir contenidos" mediante la promoción de "otras formas de aprendizaje" que releven a los programas de contenidos que hasta ahora regían de forma exclusiva.
Asimismo, la supervisión del sistema, que cristalizó en ocho monografías, reveló la necesidad de la "imprescindible coordinación" entre profesores que, "justificándose en su libertad de cátedra, hacían lo que querían", así como de evitar que, por la actual laxitud de plazos de matrícula, los universitarios se incorporen con el curso comenzado. "Si no, Bolonia será un fracaso", alertó. En esta línea, el estudio aboga también por poner fin al modelo que permite darse de alta en asignaturas a cuyos exámenes no se presentan, que lleva a que, en muchos casos, a que el número de repetidores multiplique hasta por diez a los de primera matrícula y afecte a la tasa de eficiencia de las titulaciones.
Los promotores del proyecto confiaron en que las conclusiones no queden en una "recopilación histórica", sino que constituyan un material de trabajo "utilizado por el resto de profesores" para la inminente definición de grados previstos por la declaración de Bolonia, de la que subrayaron: "No es un aprobado general, es un sistema que permite que los alumnos tengan la sensación de saber hacer cosas".
Foron presentadas as xornadas Galicia Biodays, que buscan posicionar Galicia como un territorio de referencia en innovación biotecnolóxica no ámbito internacional. Este evento vaise celebrar os días 6 e 7 de maio no Auditorio Mar de Vigo, e permitirá reforzar a marca Galicia Calidade en biotecnoloxía, fomentar o intercambio de coñecemento e establecer novas colaboracións científicas, empresariais e institucionais. Está previsto que asistan máis de 1000 persoas de 9 biorrexións convidadas, con máis de 130 relatores.
Alfonso Rueda informou de que o Consello deu conta do inicio da tramitación do anteproxecto da que será 'a primeira Lei do terceiro sector da acción social de Galicia'. Unha norma que busca 'unificar nun único texto legal a regulación deste eido e recoñecer de xeito formal o seu traballo e o papel que xogan as entidades na sociedade galega'. A necesidade de aprobar esta lei xustifícase na importante presenza destas entidades en Galicia, preto de 1.500, -que constitúen 'unha auténtica rede de solidariedade', segundo resaltou a conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García-, para apoiar as persoas e fogares máis vulnerables.
