"Queremos información del FROB, qué es el que decide cómo y cuando se vende", ha señalado Montero en relación a las nuevas exigencias planteadas por la Unión Europea para la entidad financiera. Los representantes sindicales han pedido, a través de una carta dirigida al gobernador del Banco de España y otra dirigida al Ministerio de Economía, una reunión con el FROB "como propietario de la entidad", ha señalado, en declaraciones a Europa Press, el representante de la CIG, Clodomiro Montero.
Un centenar de personas ha participado en estas protestas, que se han celebrado después de que los sindicatos anunciasen su intención de no acudir a la reunión convocada por la entidad para estudiar el plan de reducción de plantilla, que afecta a unas 2.500 personas. Los sindicatos no abordarán una negociación con los representantes de la entidad "sin saber antes su futuro", ha recalcado el dirigente de la CIG, quien ha precisado que, por ello, han pospuesto hasta el día 21 de diciembre cualquier reunión.
En los mismos términos, se ha manifestado el secretario general de la Federación de Servicios Financieros de CC.OO en Galicia, Julián Valiente, quien ha reclamado también una entrevista con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "que no puede estar escondido y algo tendrá que decir en esta 'desfeita'". A sus palabras, se ha sumado también el representante de UGT, José Ramón de Pliego-Valdés, quien ha atribuido a una "decisión política" la fusión de Caixanova y Caixa Galicia y ha responsabilizado al presidente de la Xunta de la actual situación. "Él nos metió en esto y algo tendrá que hacer", dijo el dirigente de UGT, quien ha expresado el rechazo de los sindicatos al despido de más de 2.500 trabajadores y ha demandado, en su lugar, la aplicación de medidas como el reparto de trabajo y la reducción de los salarios de los cuadros directivos "a niveles racionales".
Tres exdirectivos de Novacaixagalicia depositan las fianzas que el juez les impuso
Tres exdirectivos de Novacaixagalicia han depositado en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional las fianzas que el juez Ismael Moreno les impuso para hacer frente a la responsabilidad civil subsidiaria que podrían afrontar en el marco de la causa en la que se investigan las prejubilaciones millonarios que ellos mismos se asignaron, informaron fuentes jurídicas. Las cauciones han sido depositadas por el exdirector general de la antigua caja José Luis Pego, a quien se impuso una fianza de 1.925.222,90 euros; el que era responsable del Grupo Inmobiliario Gregorio Gorriarán, que ha avalado 1.218.136,53 euros; y el responsable de la oficina de integración Óscar Rodríguez Estrada, al que se impuso una caución de 347.920,02 euros.
Los tres recurrieron el auto que el juez Moreno dictó el 6 de noviembre pasado para imponerles las fianzas en un escrito en el que aportaban los derechos económicos derivados de las pólizas de las pensiones que se concedieron como aval para cubrirlas. El magistrado también impuso una caución de 7.021.352,57 euros al que fuera director general adjunto ejecutivo de Novacaixagalicia Javier García de Paredes. El objetivo de estas fianzas, que en conjunto superan los diez millones de euros, es hacer frente a las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de la causa en la que se investigan las prejubilaciones millonarias que se concedieron estos cuatro exdirectivos y el expresidente Julio Fernández Gayoso, al que el juez declaró responsable civil solidario de las otras cuatro cauciones.
Estas cantidades son las que, según la Fiscalía Anticorrupción, los exdirectivos habrían percibido irregularmente más lo que tenían previsto ingresar si su plan de cobros hasta su jubilación hubiera concluido con éxito.
De no constituirse las fianzas, según señalaba el auto, se procedería al "embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para responder de las sumas que se les reclama". Los cinco exdirectivos están imputados en la comisión de un delito de administración desleal o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida.
Anticorrupción apuntaba que los exdirectivos "dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)".
El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 -en el momento de la fusión- y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB. Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías la valoraron en 188 millones de euros, explica la querella de Anticorrupción.