domingo, 29 de junio de 2025
NCG Banco ha reconocido que el proceso de recapitalización de la entidad, que se está negociando aún con las autoridades europeas y el Banco de España, obligará a una "reestructuración" y que tendrá "un impacto laboral", aunque ha dicho desconocer por el momento el número de trabajadores que serán despedidos. Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios el responsable de CIG-Banca, Clodomiro Montero, tras la reunión mantenida con el presidente ejecutivo de la entidad, José maría Castellano, y el consejero delegado, César González-Bueno.
Montero ha trasladado que la entidad admite que la ayuda de la Unión Europea "acota el campo de juego" para las posibles negociaciones para dar salida a "ese posible excedente". También mantiene, ha dicho, su postura respecto a la venta de activos como la red de EVO Banco, sobre la que NCG ha señalado ya que la venderá si aparece un comprador adecuado.
Por otra parte, el expresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, deberá presentarse en el juzgado cada quince días, según lo dicta el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que ha decretado estas medidas cautelares por las indemnizaciones millonarias cobradas por cuatro exdirectivos de la entidad.
La Audiencia Nacional acogió la declaración del que fue presidente de Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, imputado por su colaboración para preparar las prejubilaciones de varios directivos de la caja fusionada gallega. El Juez Ismael Moreno admitió a trámite la querella de Anticorrupción contra cinco exdirectivos de Novacaixagalicia el pasado mes de junio, y considera que todos ellos actuaron "con abuso de las funciones de su cargo y con pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia", nacionalizada y transformada en banco en septiembre de 2011.
Esta imputación precipitó la dimisión de Julio Fernández Gayoso como copresidente de Novacaixagalicia, que se produjo días después y puso fin a una carrera de 64 años, durante la que fue director general de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Vigo; director general de Caixanova -desde su nacimiento hasta el año 2006-; presidente de esta misma entidad y copresidente de Novacaixagalicia.
El que fuera presidente de Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, ha defendido en la Audiencia Nacional que los ejecutivos que percibieron las millonarias indemnizaciones se las merecían porque fueron "los culpables del éxito" de la caja, en referencia a Caixanova, según informaron fuentes jurídicas. Así lo ha declarado ante el juez Ismael Moreno en un interrogatorio en el que ha declarado como imputado por ser el "cooperador necesario" en la mejora de los contratos de los antiguos gestores de la caja antes de que fuera nacionalizada. El magistrado le ha impuesto como medida cautelar comparecencias quincenales en el juzgado, aunque no la retirada del pasaporte solicitada también por la Fiscalía Anticorrupción.
Fernández Gayoso ha defendido la legalidad de las retribuciones asignadas a los anteriores ejecutivos amparándose en que era Caixa Galicia la caja que peores resultados registraba, frente a las cuentas de Caixanova. Según ha dicho, la situación financiera debe valorarse de acuerdo al periodo histórico y no sólo con los datos del último ejercicio. Gayoso ha subrayado, como lo hizo en su momento ante la comisión de investigación sobre las cajas en el Congreso, que él no tenía poderes ejecutivos ni intervenía en la comunicación con el Banco de España y la CNMV respecto a los contratos.
Eso sí, ha manifestado que la entidad trasladó la información, primero de forma verbal y luego por escrito, al supervisor y que éste disponía incluso de un dossier con el contenido de los contratos, a lo que Anticorrupción ha respondido que este documento no consta en la causa.
Las fuentes consultadas han remarcado que tampoco consta en el proceso que el Banco de España diera autorización a los exdirectivos para modificar sus contratos. Según ellos, éstos tienen su origen en los contratos anteriores y era el exdirector José Luis Pego quien decidía quienes cobraban la gratificación por servicios prestados.
Fernández Gayoso insiste en que el consejo de administración de la entidad aprobó la propuesta sobre las retribuciones, la cual ya había contado con el visto bueno del Comité encargado de su valoración y en cuyo origen estaban los contratos anteriores. Tras declarar por espacio de dos horas en la Audiencia Nacional, Fernández Gayoso ha rehusado hacer declaraciones a los medios de comunicación. "Agradezco mucho su interés pero no puedo hacer declaraciones", ha manifestado a su salida del órgano judicial.
La declaración de Gayoso cierra las comparecencias de los cinco exdirectivos de la caja gallega por las prejubilaciones recibidas. Anticorrupción imputa a los altos directivos de la entidad la comisión de delitos de administración desleal y, alternativamente, la apropiación indebida y les reclama la devolución de 7,8 millones de euros en concepto de indemnizaciones. El primero en declarar fue el exdirector general adjunto ejecutivo de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes, quien afirmó que NCG Banco -su salida se produjo ya constituida esta entidad- se ahorró 1,5 millones de euros de intereses cuando él cobró anticipadamente por capitalización los 5,36 millones de su prejubilación.
Posteriormente lo hizo el que fue responsable del Grupo Inmobiliario tras la fusión, Gregorio Gorriarán, al que le reclaman 913.602 euros. En su declaración afirmó que la indemnización respondía a un concepto de gratificación por los servicios prestados y que el no tenía poder de decisión en esta materia. Señaló que el responsable de las relaciones con el Banco de España era el director general, José Luis Pego, por lo que él desconocía si este organismo o el consejo de administración de la caja estaban informado sobre la mejora del contrato.
A continuación compareció ante el juez uno de los responsables de la Oficina de Integración, Óscar Rodríguez Estrada -al que se le reclaman 260.940 euros-, coincidió en esta argumentación y en apuntar que era Pego quien informaba al supervisor. Además, indicó que Caixa Galicia tenía peores resultados que Caixanova -de la que proceden todos los exdirectivos imputados, salvo García de Paredes- antes de la fusión.
Pego también compareció ante el juez y aseguró que tanto el Banco de España como el consejo de administración de la caja disponían de la documentación sobre su prejubilación. Así, defendió la legalidad del contrato por el que se fijó su pensión. Además, el exdirector general de Novacaixagalicia relató que el Banco de España pidió que se cuantificaran y provisionaran las modificaciones del contrato. Sin embargo, no puso objeciones ni abrió ningún expediente sobre este asunto. Respecto al consejo de administración, concretó que tenía a su disposición la documentación del contrato, en el que aparecía la forma de calcular las gratificaciones por los servicios prestados, que no eran conceptos variables ni estaban vinculadas a los resultados de la entidad. Los nuevos contratos, agregó, se efectuaron tras la fusión de las cajas gallegas para unificarlos y clarificarlos. A Pego se le reclaman 1,44 millones de euros, una cantidad en la que se incluye una indemnización por premio especial por dedicación de 933.156 euros sin el visto bueno del Banco de España.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 impuso comparecencias periódicas, cada 15 días, en el juzgado a Gregorio Gorriarán, a Óscar Rodríguez Estrada, a José Luis Pego y a Julio Fernández Gayoso. La Fiscalía Anticorrupción reclamaba también la retirada del pasaporte, pero esta medida cautelar no se ha aplicado en ninguno de los casos.
La Fiscalía considera que las cantidades adjudicadas en concepto de prejubilaciones fueron ocultadas "tanto al consejo de administración como al Banco de España" y les reclama la devolución de las cantidades que considera percibidas indebidamente. Apunta además que los exdirectivos "dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria FROB)".
El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 -en el momento de la fusión- y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB. Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías.
Galicia reforza por terceiro curso consecutivo o seu liderado na taxa de escolaridade de 0 a 3 anos e achégase ao 65 %, máis de 15 puntos por riba da media de España, segundo os últimos datos oficiais que vén de publicar hoxe o Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes. Deste xeito, Galicia segue sendo a comunidade autónoma onde máis familias poden acudir a unha escola infantil totalmente gratuíta. As cifras oficiais revelan que Galicia rexistrou no curso 2024-2025 unha taxa do 64,3 % de escolarización, máis de catro puntos por riba do 60,6 % acadado no período anterior. Esta porcentaxe mantén á comunidade ao nivel dos países con maiores índices de benestar en Europa, como Suecia ou Dinamarca.
No marco do Plan de Actuacións da Xunta de Galicia fronte aos posibles efectos das altas temperaturas sobre a saúde, vénse de activar o nivel 1 de alerta a diversas áreas da comunidade autónoma por episodio de calor. Meteogalicia informa que a partir da xornada do venres 27, as altas presións volverán localizarse ao norte da península Ibérica, achegando unha masa de aire moi cálida de orixe norteafricana. Isto fará que as temperaturas experimenten significativos ascensos, tanto nos valores mínimos como nos máximos. Este ascenso de temperaturas comezará a notarse desde ese mesmo día, cando en moitos puntos de Galicia se superarán os 30ºC, e mesmo os 35ºC, en puntos do interior.
