jueves, 1 de octubre de 2026
El abogado del capitán del Prestige rechaza la calificación jurídica de las acusaciones por entender que no existió "dolo", ha reclamado la "nulidad parcial" por "violación de derechos constitucionales" y la suspensión por el hecho de que se pida la responsabilidad subsidiaria de la compañía Universe Maritime, encargada de la gestión técnica y comercial del barco, sin que esté personada en el juicio. En relación a la vista oral, se ha preguntado si España es capaz de garantizarle a Mangouras "un juicio justo cuando se le llamó pirata a los dos días de la catástrofe", ha indicado en relación a los términos empleados por representantes del Gobierno.
También ha acusado al Estado español de haberse "prevalido de su poder" para inspeccionar el pecio del barco "sin dar" a la defensa "posibilidad de participar en los reconocimientos" y de "infringir derechos fundamentales" con la documentación recogida en el barco.
El fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, ha solicitado a la sala que enjuicia la catástrofe marítima del Prestige la admisión de un informe pericial elaborado por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) que eleva a 3.862,42 millones el impacto económico y ambiental de la catástrofe solo en el caso de España.
La Fiscalía había evaluado inicialmente los daños en 2.233,76 millones de euros, de ellos 1.974,54 millones correspondientes al Estado español; 172,86 millones para administraciones, entidades y particulares de España y otros 86,36 millones de euros para el Estado francés, administraciones, entidades y particulares de Francia. No obstante, en su calificación de los hechos ya advertía de que esta evaluación económica era "provisional, a corto plazo y a la baja". La pericial que ha propuesto, y que ha quedado a disposición del tribunal a la espera de determinar si finalmente se admite, "va más allá del daño ambiental y abarca la totalidad de los daños", según ha precisado la Fiscalía.
El juicio por la catástrofe marítima del Prestige, ocurrido en noviembre de 2002 frente a la costa gallega, ha comenzado este martes en el recinto ferial ExpoCoruña, con la lectura de los hechos y las peticiones de penas. La proposición de prueba y las cuestiones previas de las partes personadas centrarán, hasta el 23 de octubre, las primeras sesiones del juicio.
No será hasta el 13 de noviembre -coincidiendo con la conmemoración de los diez años de la catástrofe- cuando se inicie la declaración de los acusados, cuatro en total, aunque uno de ellos, el primer oficial, Irineo Maloto, de origen filipino que está en paradero desconocido y declarado en rebeldía. En el banquillo de los acusados, se sientan el capitán del Prestige, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas Nikolaos Argyropoulos y el exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors, único alto cargo del entonces Gobierno imputado por estos hechos.
Todos ellos han comparecido finalmente a la vista oral pese a las incertidumbres surgidas sobre si el capitán, de 76 años, acudiría o no al juicio, en el que están acreditados 40 medios y unos 200 periodistas. Para ellos, se piden penas que oscilan entre los cuatro y los doce años de prisión como reclama la Fiscalía para el capitán del Prestige.
Las defensas solicitan la absolución, aunque en el caso del capitán señala que solo se le podría imponer penas pecunarias. A estas penas, se suman las reclamaciones económicas que podrían elevarse a más de 4.000 millones de euros.
Más de 300 personas vuelven a clamar "Nunca Máis a una marea negra"
Diez años después de la catástrofe del Prestige y coincidiendo con el inicio del macro juicio que acoge la sede de Palexco en A Coruña, más de 300 personas se han concentrado a las puertas del edificio para volver a clamar "Nunca Máis a una marea negra" y para exigir que de este proceso "no haya lugar a ninguna impunidad", exigiendo asimismo responsabilidades políticas de los entonces gobernantes. Durante una hora volvieron a ondear las banderas negras de Nunca Máis, plataforma que estuvo acompañada por responsables del BNG y de Izquierda Unida, así como los sindicatos CIG, UGT y CC.OO., junto con asociaciones ecologistas como Greenpeace o Adega, cuyo portavoz se concentró también a las puertas del ahora edificio judicial.
En el comunicado al que dieron lectura al cabo de la concentración, la plataforma reconoce que existieron "mejoras en el salvamento marítimo" y "hoy se dispone de más medios", una década después de esta catástrofe, pero advierte de que hay "dudas más que razonables acerca de hoy se pueda decir que está garantizado que no se va a producir un nuevo Prestige".
Foto 2: Gabinete de Comunicación BNG
A sexta edición de 6coreógrafas acollerá dúas estreas: Trés bien, de Marta Alonso Tejada, un dúo de danza contemporánea de rúa interpretado por María de Vicente e Inés Santos que explora o esforzo de sosterse e permanecer xuntas, e BenQuererme, un solo de de Fran Sieira, que combina danza tradicional e contemporánea para reflexionar sobre o autocoidado emocional e o amor propio. A programación completarase con Suit(e), de Furia Sotelo, un diálogo entre a danza de Nuria Sotelo e o violonchelo de Millán Abeledo, e Bipedestrucción, da compañía navarro-galega Disiden.cia, unha peza de rúa para todos os públicos que aborda desde o humor a identidade, a diversidade e a importancia da comunidade.
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, informou de que o Goberno autonómico vén de autorizar na reunión desta mañá o envío ao Consello Consultivo de Galicia do decreto polo que se crea o Rexistro de autorizacións e concesións no dominio público marítimo-terrestre (DPMT). 'Isto vai situar Galicia á vangarda en transparencia e xestión do litoral', indicou. 'Imos habilitar un sistema para que a cidadanía poida coñecer en todo momento os usos e autorizacións vixentes na costa galega', salientou o presidente sobre un Rexistro, concibido para incorporar progresivamente as autorizacións e concesións no DPMT e que permitirá sistematizar e ampliar a información dispoñible sobre as actividades autorizadas, o que resulta fundamental para avanzar na planificación, protección e xestión integrada da costa galega así como reforzar a seguridade xurídica das actividades e proxectos.
