domingo, 8 de junio de 2025
Al final del Consello de la Xunta, el presidente Alberto Núñez Feijóo ha remarcado que su Ejecutivo consideró "injusta" esta estimación desde "el primer momento" y ha justificado la decisión de presentar un recurso debido a su intención de "seguir defendiendo los intereses de Galicia". En septiembre de 2011 el Banco de España aprobó la valoración de Novacaixagalicia en 181 millones de euros, una estimación a la baja que dejó a la caja con sólo un 6,84 por ciento del banco creado, controlado en un 93,16 por ciento por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
En cuanto a las razones jurídicas que la fundamentan, el presidente se ha referido a que fue el comprador quien "determinó" el precio de la venta y que "no se conocen" los criterios que argumentan una valoración "tan baja" de una entidad que tiene "más del 46 por ciento" de la cuota de mercado financiero en la Comunidad. La Xunta tampoco contempla que esta valoración se corresponda con algunas realizadas a otras entidades "en tiempos similares". A modo de ejemplo, Núñez Feijóo ha señalado que hay "alguna entidad financiera" que, "con menos de la mitad de los activos" de Novacaixagalicia, fue valorada "siete veces más" en fechas "similares".
Núñez Feijóo ha destacado que el FROB "desatendió el procedimiento establecido" por el que se deben tener en cuenta las operaciones de saneamiento de carácter extraordinario acometidas por la entidad, concretamente 2.000 millones de euros en el caso de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova. Núñez Feijóo ha manifestado que esta valoración afecta "sin duda" a la capacidad de actuación de la obra social, cuya protección ha situado como "un objetivo prioritario" para la comunidad, y que la entidad tampoco recibió notificación alguna del importe de la valoración que le permitiese presentar alegaciones.
El presidente de la Xunta ha justificado la decisión de agotar el plazo para el recurso en función del deseo del Ejecutivo gallego de "no interferir" en el proceso de recapitalización de la entidad bancaria, al tiempo que ha explicado que el presidente de Novagalicia Banco, José María Castellano, es conocedor de este recurso, decisión que le trasladó el mismo y también a través de la Consellería de Facenda. Preguntado por si teme que Novagalicia Banco se vea afectado por una nueva oleada de fusiones y qué está dispuesta a hacer la Xunta para evitarlo, el presidente ha replicado que su Ejecutivo no tiene "competencias estatutarias" que le permitan "velar por los bancos", situación que ha extendido al resto de comunidades.
Con respecto a la nueva reestructuración del sistema financiero, ha subrayado que el Gobierno de Rajoy acaba de tomar posesión, pero ha insistido en que uno de los "objetivos fundamentales" de cualquier Ejecutivo es que "vuelva a fluir el crédito". Y es que, ha advertido, junto con la ausencia de una "reforma laboral" que funcione y el déficit público, el "atasco" de las cañerías financieras constituye uno de los principales problemas que "atenazan" a la economía española.
A Xunta de Galicia completou esta semana os trámites para a autorización dos nove proxectos de repotenciación voluntaria de parques eólicos recibidas entre finais de 2023 e comezos de 2024 e que permitirán suprimir 286 aeroxeradores do territorio galego así como, coa mesma potencia, incrementar un 35 % a produción de enerxía renovable. Trátase dun procedemento que destacou pola súa axilidade pois os prazos de autorización administrativa acurtáronse considerablemente, completándose en menos dun ano desde a recepción do proxecto definitivo e cumprindo así co mandato comunitario de axilizar as xestións e garantir que non se alongan máis de dous anos.
O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, participou na asemblea xeral Comisión do Arco Atlántico da Conferencia das Rexións Periféricas Marítimas en Sevilla, na que se fixo balance do último ano e se presentaron as previsións para 2026. O director xeral interveu na sesión Un novo marco financeiro plurianual da UE: que hai para o Atlántico, onde defendeu un futuro da política de cohesión descentralizado e o rexeitamento ao cambio de modelo cara un plan único por estado membro, postura baseada nas experiencias previas que mostran que os programas operativos rexionais son a fórmula máis eficiente para a xestión dos orzamentos destinados á cohesión.
