sábado, 25 de abril de 2026
La nueva ley establece que, antes de seis meses, el director general de la CRTVG deberá ser elegido por dos tercios del Parlamento en una primera votación o tres quintos en una segunda vuelta, lo que implica el acuerdo de varios grupos. En caso de no llegar a un acuerdo, en otra sesión plenaria sería suficiente con una mayoría simple.
Esta cuestión ha provocado que el BNG haya protestado por entender que, en la práctica, se otorga el control de la CRTVG al grupo con mayoría en la Cámara, en este caso el PPdeG. El texto final ha contado con el rechazo del BNG, que presentó 85 enmiendas, todas rechazadas, ya que en opinión de su diputada Ana Pontón, la ley aprobada es «una amenaza para el futuro de los medios públicos».
También cambia la composición del Consejo de Administración de la futura corporación, que pasará de doce a seis integrantes. El cambio deberá hacerse, también, antes de seis meses y sus miembros serán elegidos por el Parlamento y no podrán ser cargos políticos o sindicales.
El BNG defendía en una de sus enmiendas el derecho de subrogación de los empleados de las tres empresas durante el proceso de transición a la nueva corporación, una reivindicación del comité interempresas, que fue rechazada por PSdeG y PPdeG. Estos grupos plantearon una transacción en la que proponían que los derechos de los trabajadores quedaban salvaguardados por la actual legislación, con una referencia expresa al estatuto de los trabajadores. Esta redacción no fue aceptada por el BNG por entender que los otros grupos rechazaban explícitamente la subrogación de los trabajadores, con lo que, en su opinión, amparaban un ERE encubierto.
Mientras se producía el debate, en el exterior del Parlamento un grupo de trabajadores de la CRTVG demandaban la existencia de la CRTVG como un servicio público. La presidenta del comité interempresas, Raquel Lema, explicó, tras conocer el resultado de la votación, que es un día «aciago» para los trabajadores de los medios públicos audiovisuales gallegos.
Durante sus intervenciones, tanto Pedro Puy (PPdeG) como José Manuel Lage (PSdeG) coincidieron en insistir en que la titularidad pública de la futura corporación está garantizada. Estas afirmaciones intentaron ser rebatidas por la diputada nacionalista, que aludió a los programas electorales de ambos partidos para las próximas que no apuestan claramente por el mantenimiento de servicio público, en caso del PSOE, y que abogan por la libertad para privatizar, por parte del PP, según dijo.
Tanto Puy como Lage han coincidido en destacar que la nueva ley posibilita el cese del director general de la CRTVG por «mala gestión», cuando haya un desvío de un 10% del presupuesto.
El diputado del PSdeG también señaló que a su grupo no le gusta «lo que hay en la actualidad, ni la manipulación ni la censura ni las represalias a los profesionales» y por ese motivo defendió la necesidad de aprobar un texto legislativo que apuesta por la independencia y la profesionalización en la gestión. Además, ante las críticas de Pontón de que la ley no blinda el gallego como la lengua exclusiva de la CRTVG, Lage le replicó que «el gallego no lo blinda que uno lleve una estrellita colgada» y reivindicó el papel de su grupo como defensor «de la lengua y la cultura del país sin ningún tipo de complejo».
Puy destacó que en el texto finalmente aprobado «hay huellas» del BNG, y se mostró convencido de que la nueva ley mejora la gestión y el control de la CRTVG, que es una «magnífica empresa pública» de Galicia. El portavoz del PPdeG afirmó que el modelo que defiende el BNG «lleva al fracaso de la televisión autonómica» y explicó que su grupo defiende el «interés general» al apoyar junto con el PSdeG esta ley.
Pontón (BNG) concluyó que PP y PSOE están inquietos con la postura del BNG porque «pone el dedo en la llaga» y aseguró que con esta ley tanto «le están dando pilas nuevas al mando de Feijoo» en la CRTVG.
Fotografía: archivo
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