El máximo mandatario autonómico, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, aseguró que trabaja con el sector naval para consensuar "una doble propuesta" que remitirá al Ejecutivo central y con la que pretende que éste contemple un modelo alternativo a las bonificaciones tax lease y que luche ante las autoridades europeas para que la suspensión de éste no tenga "efectos retroactivos" para los barcos entregados o en grada.
Núñez Feijóo ha ratificado el "compromiso" de la Xunta con el sector, pero ha advertido de que precisa de la ayuda del Gobierno para garantizar su futuro, puesto que "son los Estados y no las comunidades" las que tienen capacidad de diálogo en la Unión Europea (UE). Ha explicado que Galicia prepara una propuesta en la que, además de pedir que la suspensión de 'tax lease' no afecte a los barcos entregados o en grada, se plantea un modelo alternativo de bonificación, consistente en eliminar la vía de amortización fiscal anticipada a partir de la firma del contrato y sustituirla por una amortización a pagar cuando se termine el buque. "Es una propuesta consensuada con el sector y con los estructuradores, no una propuesta política", ha proclamado Feijóo, convencido de que pensar lo contrario sería "un error". "El sector hace un esfuerzo y creo que debe ser escuchado", ha sentenciado el presidente, en relación en la propuesta que prepara su Ejecutivo.
El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, asegura que el bloqueo del sistema español de arrendamiento fiscal para la contratación de barcos, o tax lease, "ya está dificultando las contrataciones en este momento", en el caso de algún astillero que, según dijo "tenía un barco muy avanzado". Guerra volvió a insistir en que se trata de un problema "gravísimo" por el cual los astilleros están "preocupados". Durante su visita al puerto de Marín (Pontevedra) para asistir a la botadura del buque draga gánguil de succión Omvac Diez, el titular de industria recordó que "un barco es una estructura financiera muy complicada", por lo que, al cuestionarse su sistema de financiación, también "se pone en duda la construcción del barco".
Guerra expresó su interés en eximir de "responsabilidad" a los astilleros que están construyendo actualmente barcos financiados con ese sistema. También eludió entrar en una "batalla política" con el Gobierno central, al que le atribuyó la "responsabilidad" desde el punto de vista fiscal y de representación ante la Unión Europea. "Cuando quiere va a la Unión Europea y plantea el peso específico de España", dijo el conselleiro de Economía sobre la posición del Gobierno español. "Lo hizo con el carbón, por qué no lo puede hacer en el naval y defender nuestra situación", añadió Guerra, que planteó que le resultaba "curioso" que, mientras España tiene suspendido este sistema, "otros países tienen medios de colaboración a sus industrias navales".
Argumentando que "no se pueden esperar dos años" a que la Unión Europea resuelva el proceso, el conselleiro de Economía recalcó que su departamento está trabajando en el desarrollo de un sistema de amortización "alternativo" en el futuro al tax lease para ayudar a los astilleros gallegos a "competir en condiciones de igualdad". "Cómo se va a contratar si no se sabe en qué régimen se puede financiar", precisó Javier Guerra. El titular de Economía e Industria defendió que el sector naval gallego es "una parte importantísima del sector español", que tiene "mucho que ofrecer" y que en Galicia "no se puede plantear otro tipo de industria", teniendo en cuenta también la viabilidad del sector auxiliar. Así, recordó que tanto la patronal, como los sindicatos y los representantes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia, reunidos en la Mesa del Sector Naval en Santiago, "ven todo lo que se está haciendo".
Sobre la situación en el astillero vigués Barreras, el conselleiro de Economía considera que "la solución al sistema de tax lease puede ser una ayuda importante" para esta empresa, "porque tiene barcos adelantados, pero después tiene que buscar carga de trabajo". También se refirió al proyecto de creación de un centro de reparación naval, Guerra aseguró que la consellería está "estudiándolo positivamente", si bien matizó que "no se puede comprometer dinero público sin tener todos los aspectos de la operación".
El conselleiro precisó que hay aspectos industriales, de precio y financiación" que no están cerrados, a lo que se añade conocer "qué grado de compromiso hay" por parte de los empresarios. No obstante, el conselleiro de Economía advirtió que "esto no sería la panacea", sino una posibilidad para "abrir otro hueco de mercado" para los astilleros vigueses.
Guerra también se refirió a las dificultades económicas en el astillero marinense Factoría Naval, del que explicó que "tiene mucho camino que recorrer", en alusión a que "sus gestores tienen que devolver la confianza pública" depositada en ellos". Así, recordó los avales depositados por la Administración autonómica "para que los administradores puedan sacar el astillero adelante", aunque añadió que ahora "falta una parte muy importante, que es la gestión del propio astillero". Durante su intervención en la botadura del Omvac Diez, a la que asistieron el presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, el director de la Autoridad Portuaria de Marín, Miguel Ángel Navarro, la alcaldesa de Marín, María Ramallo, y una delegación del Gobierno de Senegal, el conselleiro de Economía recordó que la Xunta había destinado 23 millones de euros para contribuir al mantenimiento de esta empresa. Javier Guerra la calificó como "la mayor inversión pública" realizada en Marín en los últimos años.
Unos 2.000 trabajadores se concentran en Vigo en defensa del naval
Unos 2.000 trabajadores de astilleros e industria auxiliar de la comarca de Vigo se han concentrado frente al edificio administrativo de la Xunta para reclamar medidas y soluciones al futuro del sector, en "grave riesgo de desaparición" por la falta de carga de trabajo y por la suspensión del actual sistema de bonificaciones fiscales denominado tax lease. Tras salir en manifestación desde diferentes centros de trabajo y recorrer las calles de Vigo, los trabajadores se concentraron frente a la delegación de Xunta, tras dos pancartas en las que se pedía una solución a la crisis del naval "por el futuro de Vigo". Además, se ha realizado un paro parcial en las industrias del sector, aunque la mayor parte de ellas están con la mínima actividad -o ninguna, como en varios astilleros- o con los trabajadores afectados por ERE.
El portavoz del naval de CC.OO., Ramón Sarmiento, ha hecho un llamamiento a la clase política "para que trabajen" desde sus estamentos y sus competencias, y ha hecho especial mención al ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, que será el encargado de leer el pregón de las fiestas de Bouzas. "Pido perdón a la comisión de fiestas de Bouzas, pero avisamos a Pepiño Blanco que, si no viene con esto arreglado, mejor que se quede en el despacho", ha advertido, aunque ha evitado precisar si habrá alguna acción de protesta durante la lectura de ese pregón.
El responsable del sector en UGT, Diego Atanes, ha insistido en que "comienza un camino largo de movilizaciones y presiones", y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la manifestación convocada para el próximo 21 de julio en defensa del naval. Ha recordado que los sindicatos y los trabajadores "no permitirán" que la crisis de esta industria llegue a un punto de no retorno, porque hay más de 50.000 empleos directos e indirectos en juego, y porque ese potencial "no se puede ir por el retrete".
El secretario nacional del naval de la CIG, César Rodríguez, ha recordado que, en los últimos dos años, el sector ha perdido más de 7.000 empleos y que la gran mayoría de las empresas llevan al menos 6 meses con expedientes de regulación de empleo (ERE).
Ha alertado que esos ERE "pueden empezar a transformarse en ERE de extinción", y ha lamentado que la suspensión del tax lease "viene a agravar aún más la situación" en un momento en que, a su juicio, "se pretende una nueva reconversión solapada". "Beneficios fiscales hay en otros países de la UE, pero solo se fijan en España, lo que quieren es quitarnos los contratos y repartir nuestro trabajo entre otros países", ha denunciado. César Rodríguez ha criticado la actitud del Gobierno español y ha reprochado a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, que, en lugar de presentar una alternativa de bonificaciones fiscales para mantener la actividad, "se queda mano sobre mano y mira para otro lado". Una actitud que considera "una declaración de guerra", y ha apuntado que "el futuro depende de que los trabajadores no bajen los brazos".
Fotografía: archivo GD / Xunta de Galicia