El Juzgado de Instrucción número 3 de O Porriño (Pontevedra) ha admitido a trámite la querella criminal presentada por el Consello Regulador de la Denominación de Origen Protegida Mexillón de Galicia contra la empresa conservera Thenaisie-Provôté, con sede en Mos, por comercializar mejillón foráneo como producto de las rías gallegas. Con esta actuación, el consejo regulador da continuidad a la campaña contra prácticas "fraudulentas" en el sector que inició el pasado marzo, con otra querella criminal contra Conservera de Rianxo. Aquel litigio se saldó sin necesidad de acudir a los juzgados debido al acuerdo alcanzado entre ambas partes, ya que la compañía reconoció "disfunciones" y, en la actualidad, está inscrita en el órgano supervisor.
El Juzgado de Instrucción admite la personación de Mexillón de Galicia como acusación particular, aunque ya inicialmente la magistrada consideró que "los hechos denunciados hacen presumir la posible existencia de infracción penal y son perseguibles de oficio", por lo que acordó la incoación de diligencias previas. En este caso, el plazo para lograr una resolución pactada es menor, ya que el auto del juzgado de O Porriño fija para el jueves, día 16 de junio, a las 10.00 horas, la declaración de los miembros del consejo de administración de Thenaisie-Provôté en calidad de imputados. Aunque el texto original de la juez tiene fecha de 18 de mayo de 2011 -Mexillón de Galicia registró la denuncia el 10 de mayo-, el Consello Regulador ha esperado para dar a conocer el caso ante los medios de comunicación hasta contar con un segundo documento -del pasado 6 de junio- en el que la titular del juzgado indica que, "subsanados los defectos de forma de la querella (...), procede acordar su admisión a trámite".
Como en la anterior comparecencia ante los periodistas, el presidente del organismo, Francisco Alcalde, ha censurado lo que a su juicio constituye "un auténtico fraude, un auténtico escándalo y un auténtico engaño para los consumidores y las familias que viven del mejillón gallego". Acompañado por el letrado Xoán Antón Pérez Lema y la bióloga directora del departamento de I+D+i del consejo, Ángeles Longa, Alcalde ha criticado la "pasividad" de la Consellería do Mar ante la aparición de un nuevo supuesto.
Además, ha alertado sobre la particularidad del presunto fraude de la conservera de Mos con respecto al de la de Rianxo. Ambos fueron detectados tras la compra aleatoria de productos en los establecimientos y la realización de análisis bajo inspección notarial por el laboratorio del consejo regulador, primero, el grupo de genética de organismos marinos de la Universidade de A Coruña, en segunda instancia.
Ocurre que "el 100 por 100" de dos de las cinco latas examinadas -de la marca comercial Grandes Hoteles y, cada una de ellas, con 14 individuos- no coincide "no ya solo" con la especie que se produce en las rías gallegas -'mytilus galloprovincialis'-, sino que ni siquiera se corresponde con el género, ha denunciado. La bióloga Ángeles Longa ha apuntado que el género hallado en dichos envases -etiquetados con la referencia mejillones de las rías gallegas- es 'perna spp', "totalmente ajeno a Galicia" y que se localiza en costas como la de Nueva Zelanda, ciertas zonas africanas, en el litoral atlántico de Sudamérica y lugares de Asia -como China y "más al norte"-. Precisamente en este punto, y demandado por los periodistas, el abogado Xoán Antón Pérez Lema ha interpretado que "procedería ponerse en contacto" con los responsables de la conservera "si los comportamientos fuesen un poco más dudosos". Pero, ante la situación relatada, "las explicaciones las tendrá que dar la empresa en sede judicial", ha aseverado. Alcalde también ha lanzado un mensaje al Instituto Galego de Consumo, al que, según ha dicho, remitieron un informe sobre cuestiones relativas al etiquetado en la comunidad el pasado mes. "Que agilicen esto", ha reclamado, porque "el engaño está perjudicando seriamente a consumidores y familias".
Thenaisie-Provôte está imputado por dos supuestos delitos contra los derechos de los consumidores y la transparencia de los mercados -tipificado en el artículo 282 del Código Penal- y contra el derecho de propiedad industrial del que es titular el Consello Regulador -artículo 275-. Acerca de las posibles penas -de prisión y multa-, el letrado ha indicado que "de momento" el caso se encuentra en una fase "muy inicial" para hablar de ellas, pero ha recalcado que de lo que se trata es de conductas tipificadas como "muy graves" en el Código Penal.