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La Xunta suspende el plan acuícola del bipartito e impulsa uno nuevo. El Parlamento gallego acuerda mantener el recurso contra el decreto del carbón

PPdeG y BNG aprueban mantener el recurso interpuesto por la Xunta de Galicia ante el Tribunal Europeo contra el decreto del carbón mientras no se garantice la viabilidad de las centrales térmicas gallegas que operan con materia prima de otros países. La Xunta de Galicia, además, decide suspender el plan acuícola del bipartito e impulsar uno nuevo que potencia la agrupación de piscifactorías en parques de grandes extensiones con el fin de lograr un desarrollo más eficiente del sector en Galicia.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su Ejecutivo ha autorizado la suspensión del plan acuícola impulsado por el bipartito en el año 2008 y que ha acordado iniciar la tramitación de un nuevo plan director que, entre sus principales novedades, apuesta por agrupar las piscifactorías en parques de "grandes extensiones" para hacer "más eficiente" el desarrollo de la acuicultura. Lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, que se celebró en el área de gobierno de la Cámara gallega, y en la que compareció acompañado de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, quien garantizó que los posibles inversores "conocerán en julio" cuáles son los criterios y los lugares en los que se podrán realizar actividades acuícolas en la comunidad, una vez que finalice la tramitación del plan. "Hoy es un gran día para la Galicia marinera", proclamó la conselleira, antes de explicar que el nuevo plan establecerá las directrices para la instalación de los establecimientos de cultivos marinos y también las que deberán cumplir las "ampliaciones" de los existentes. Todo ello, con el fin de dar "seguridad jurídica" a los inversores y de ser "respetuosos" con el medio ambiente.

Los votos de PP y BNG han servido para sacar adelante una proposición no de ley encaminada a instar a la Xunta a "mantener" el recurso interpuesto ante el Tribunal Europeo contra el decreto del carbón mientras no "se garantice" la "viabilidad" de las centrales térmicas gallegas, que operan con materia prima procedente de otros países. En todo caso, el acuerdo logrado entre populares y nacionalistas, del que se abstuvo el PSdeG, también pide a la Xunta que "mantenga la disposición al diálogo" con el Gobierno central para encontrar una salida a los problemas de las comarcas donde su ubican las térmicas y a los que padecerán las actividades de transporte y portuarias asociadas.

Esta iniciativa fue defendida por el portavoz de Energía del Grupo Parlamentario Popular, Pedro Arias, quien aseveró que su intención no es "obstruir" la acción del Gobierno central ni "desviar responsabilidades" e incidió en que este decreto constituye "un abuso de ideología" por una "desviación electoralista" del PSOE. "Creemos que hay una marginación a Galicia tras el cambio político", remarcó. A estos argumentos, el diputado del PPdeG sumó una "discrepancia" con el "proteccionismo" que desprende el citado decreto hacia el carbón nacional -que es "más caro" y "más contaminante"-, lo cual podría afectar a "los principios de la libre competencia".

Pese al respaldo ofrecido por el BNG, su portavoz en el debate, Henrique Viéitez, no desaprovechó la ocasión para denunciar que el "objetivo" de esta propuesta "no es el interés general de Galicia", sino que pretende correr "una cortina de humo" sobre "la incapacidad" de la Xunta en este asunto. Igualmente, reprobó que los votos del PP validaron este decreto en el Congreso, toda vez que, tras una negociación, "logró garantizar" el pago del lucro cesante a las empresas productoras de electricidad. "Es lo único que les importa", espetó a las bancadas populares.

El representante socialista en el debate, José Luis Méndez Romeu, admitió que el decreto del carbón tendrá "efectos colaterales" en las térmicas gallegas, las cuales -recordó- "llevan tiempo funcionando por debajo del 50%". También lo tendrá, según señaló, el Plan Estratégico de la Xunta, que prevé "un incremento muy fuerte de la producción eólica"; pese a lo cual rechazó interpretar que "el cierre" de las plantas de Meirama y As Pontes sea "el objetivo" del Gobierno gallego. Dicho esto, subrayó que el objetivo de esta medida es "reducir el peso de la importación energética", que en España es muy superior a la media de países del entorno europeo. En cualquier caso, el parlamentario socialista auguró que "en próximas fechas" habrá un acuerdo con el sector del transporte, que sigue al alcanzado con las empresas propietarias de las térmicas gallegas. En este escenario, a su juicio, "nada motivará" el recurso excepto la "estrategia política" del PP, por lo que avanzó su abstención.

Fotografía: archivo DG / Xunta de Galicia

R., 2011-03-10

Actualidad

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Notas

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