viernes, 24 de octubre de 2025
La Consellería de Traballo y la Fundación Laboral da Construcción se comprometieron a actuar de forma conjunta y coordinada para propiciar la implantación de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), que tendrán que tener todos los trabajadores del sector a partir del 1 de enero de 2012. En la firma de este acuerdo, el titular de Traballo, Ricardo Varela, y el presidente de la la Fundación Laboral da Construcción, Eligio Nieto, coincidieron en destacar que será una herramienta para fomentar la cultura de la prevención y mejorar la seguridad y la salud laboral.
El objetivo final es propiciar una disminución progresiva de los índices de siniestralidad en el ámbito del trabajo y se enmarca en el 'Acordo marco para o desenvolvemento de actividades de fomento de prevención de riscos laborais no sector da construción'. Esta tarjeta servirá para acreditar, entre otros datos, la formación específica recibida por el trabajador -sobre todo en materia de prevención de riesgos laborales- y su categoría profesional, además de certificar que fue sometido a los correspondientes reconocimientos médicos.
El documento, cuya instauración se establece en el IV Convenio Colectivo General de la Construcción, podrá ser solicitado por los trabajadores que prestan servicios en ese sector o por los desempleados que acrediten al menos 30 días de actividad en el mismo. En cualquier caso, Ricardo Varela subrayó que garantizará que los que tengan esta tarjeta recibieron, "como mínimo, la formación inicial en materia de prevención de riesgos laborales". Para facilitar su implantación, Traballo se implicará de manera activa en su difusión a través de los gabinetes de seguridad e higiene provinciales y de las oficinas de empleo, convirtiéndolos en puntos de información para trabajadores y empresas.
Los trabajadores de Martinsa-Fadesa de A Coruña ratifican el preacuerdo de empresa y sindicatos sobre el ERE
Los trabajadores de Martinsa-Fadesa de A Coruña ratificaron en una asamblea el preacuerdo alcanzado en Madrid entre sindicatos y empresa sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado y que supone el despido de 72 trabajadores de la sede coruñesa. Según explicó el presidente del comité de empresa en funciones, Roberto Rodríguez, la decisión está motivada porque "los trabajadores han conseguido la mejor indemnización posible y además no se compromete la viabilidad de la empresa".
Los trabajadores afectados recibirán una indemnización de 36 días por año trabajado con un máximo de veinte mensualidades, de los que el fondo de garantía salarial (Fogasa) pagará veinte y los otros 16 serán asumidos por la inmobiliaria.
Rodríguez señaló que este acuerdo pretende ratificarse en todas las comunidades autónomas en las que tiene presencia Martinsa-Fadesa antes del lunes, para trasladarle la decisión al juez titular del Juzgado de lo Mercantil nº1 de A Coruña encargado del caso "y que lo tenga en cuenta" por tratarse de "la mejor indemnización posible", superior a los 25 y 28 días por año que había ofrecido la inmobiliaria hasta el momento y que afecta a 234 empleos, el 26 por ciento de la plantilla total de la inmobiliaria. En este sentido recordó que este juez es quien tiene ahora competencia para pronunciarse sobre el ajuste de la plantilla de la empresa, "de ahí la importancia de hacerle llegar la opinión de los empleados", dado que la inmobiliaria que controla y dirige Fernando Martín se encuentra en situación de concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos).
Por otra parte, el secretario xeral de la Unión Comarcal de CC.OO. de A Coruña, José Lado Lestón, anunció hoy que este sindicato se personará como parte en nombre de los trabajadores de Martinsa-Fadesa en dicho concurso de acreedores "para defender sus intereses y tener acceso a información directa". "De esta manera defenderemos los intereses del cuadro de personal y tendremos conocimiento directo, un hecho que nos dará el derecho a hacer valer nuestro punto de vista", explicó en relación a que, en dicho acuerdo, la empresa se compromete, además, a "poner todos los medios a su alcance" para garantizar el mantenimiento de la plantilla tras el ERE, que sumará algo más de seiscientos trabajadores.
Además, Lado Lestón avanzó que solicitarán el embargo preventivo de los bienes de los miembros del Consejo de Administración de la Inmobiliaria "que el año pasado tuvo unos ingresos altísimos" con el fin de que "no puedan declararse insolventes y hagan frente con su patrimonio al pago a trabajadores y acreedores en el caso de que la empresa no tenga los medios suficientes". En este sentido, consideró "escandaloso" que Martín "que el año pasado contó con unos ingresos superiores a los de toda la plantilla de la inmobiliaria" se haya declarado "insolvente", situación ante la que "se hará todo lo posible por evitar con el Consejo de Administración".
Martinsa-Fadesa cuantificó el ajuste de plantilla que venía anunciando desde hacía unos meses y presentó el correspondiente ERE el pasado 15 de julio. La presentación coincidió en la misma jornada en la que la empresa presentó el concurso voluntario de acreedores ante el juzgado de A Coruña. Desde ese día sindicatos y empresa arrancaron un proceso negociador sobre el ERE con el objetivo de que el titular encargado del caso lo asuma.
A Xunta reclamará de novo en Bruxelas unha Política Agraria Común ben dotada, con financiamento suficiente e con fondos específicos e diferenciados, como ata o de agora, que permitan apoiar a renda dos agricultores e gandeiros e garantir o impulso ao desenvolvemento rural e afianzar as medidas de remuda xeracional. Así o avanzou a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en resposta a unha pregunta parlamentaria sobre este asunto e na que reiterou o rexeitamento de Galicia á proposta da UE para a vindeira PAC a partir de 2028, polo centralismo desta nova política, cunha arquitectura baseada nun fondo único para os estados membros que resulta lesiva para a nosa comunidade.
A Xunta porá en marcha no 2026 unha Oficina de Atracción de Talento que coordinará todas as medidas en materia de emprego destinadas aos galegos e galegas do exterior que deciden retornar para traballar na súa terra, así como as iniciativas dirixidas a favorecer a contratación planificada de persoas traballadoras de 3º países por parte de empresas da nosa comunidade. Deste xeito, Galicia consolidará un modelo propio que aposta por captar persoas traballadoras de xeito ordenado e sempre en base a un emprego de calidade -por conta allea ou emprendendo-.
