
Los sindicatos y la dirección de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa han alcanzado un principio de acuerdo para despedir a 234 trabajadores mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que prevé indemnizaciones de 36 días por año trabajado, con un máximo de 20 mensualidades. Fuentes sindicales han explicado que esta propuesta será sometida a las asambleas de trabajadores de Martinsa-Fadesa para que lo ratifiquen o lo rechacen. Además, han indicado que si la propuesta supera este trámite, podrían firmar con la empresa el acuerdo definitivo, que en unos quince días podría ser ratificado por el juez de lo Mercantil de A Coruña que se ocupa del concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos).
Según un comunicado de Comisiones Obreras, a petición de la representación sindical, la dirección de Martinsa-Fadesa ha aceptado incluir en el texto del principio de acuerdo un compromiso por el que la inmobiliaria «pondrá todos los medios a su alcance para garantizar el mantenimiento del resto de la plantilla». El secretario de Servicios Jurídicos de FECOMA-CCOO, José Luis López, ha manifestado su confianza en que «tanto los administradores como el juez ratifiquen este acuerdo, siendo sensibles a la situación a la que se han visto abocados los 234 trabajadores y trabajadoras afectados por este ERE».
Desde UGT han valorado este acuerdo porque «sienta unas buenas bases para una salida digna de los trabajadores afectados por el ERE, con una condiciones muy superiores a las ofrecidas inicialmente». Este sindicato confía en que el juez que tramita el concurso de acreedores dé su visto bueno al acuerdo alcanzado entre empresa y sindicatos sobre el ERE para que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) pueda abonar las indemnizaciones.
El mismo día que Martinsa-Fadesa presentó el concurso voluntario, el pasado 15 de julio, empresa y sindicatos constituyeron la mesa negociadora del ERE en una primera reunión en la que la dirección ofrecía indemnizaciones de 25 días por año trabajado, en tanto que los sindicatos demandaban una compensación de 45 días. El lunes 21, se celebró una nueva reunión en la que la empresa elevó a 28 días la indemnización para cada trabajador afectado por el ERE, que fue rechazada por la representación de los trabajadores.
Al margen de su papel en la negociación del ERE, CC.OO. se ha personado en el concurso de acreedores de la inmobiliaria con el propósito de defender los intereses «de los trabajadores en general y de sus afiliados en particular». UGT también tiene intención de personarse en el proceso concursal para poder acceder a toda la información sobre la empresa y tratar de «influir» en las decisiones que se vayan a tomar.
A Xunta reclamará de novo en Bruxelas unha Política Agraria Común ben dotada, con financiamento suficiente e con fondos específicos e diferenciados, como ata o de agora, que permitan apoiar a renda dos agricultores e gandeiros e garantir o impulso ao desenvolvemento rural e afianzar as medidas de remuda xeracional. Así o avanzou a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en resposta a unha pregunta parlamentaria sobre este asunto e na que reiterou o rexeitamento de Galicia á proposta da UE para a vindeira PAC a partir de 2028, polo centralismo desta nova política, cunha arquitectura baseada nun fondo único para os estados membros que resulta lesiva para a nosa comunidade.
A Xunta porá en marcha no 2026 unha Oficina de Atracción de Talento que coordinará todas as medidas en materia de emprego destinadas aos galegos e galegas do exterior que deciden retornar para traballar na súa terra, así como as iniciativas dirixidas a favorecer a contratación planificada de persoas traballadoras de 3º países por parte de empresas da nosa comunidade. Deste xeito, Galicia consolidará un modelo propio que aposta por captar persoas traballadoras de xeito ordenado e sempre en base a un emprego de calidade -por conta allea ou emprendendo-.