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El alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, ha defendido "el derecho" del aeropuerto de Lavacolla "a recibir mejor trato" en el reparto de fondos públicos para el patrocinio publicitario de las compañías de bajo coste, por lo que espera que la Xunta lo "reajuste". "No porque sea mejor, simplemente porque tiene más usuarios", ha argumentado. Cree que "sustituir" Roma por Ginebra en la promoción del bajo coste es "un insulto a la inteligencia de los compostelanos".
Los ingresos medios de los hogares gallegos cayeron en 2009 por primera vez desde que se elabora la encuesta de condiciones de vida del Instituto Galego de Estatística (IGE), que muestra que el año pasado en cada casa entraron 2.010 euros mensuales, 19 menos que en 2008. Un 14,3% de hogares gallegos está en riesgo de pobreza.
Novacaixagalicia prevé acometer la reestructuración de oficinas y personal en el primer semestre del año 2011. Así lo ha asegurado a los medios de comunicación el director general adjunto de la entidad, Javier García de Paredes, quien ha manifestado que el objetivo es «hacerlo cuanto antes». «Nuestro objetivo oficioso es hacerlo siempre en el primer semestre del nuevo año 2011», asegura.
Un informe de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) señala que únicamente Canarias, Galicia y Navarra han reducido su plantilla de empleados públicos desde el primer trimestre de 2006 hasta los primeros tres meses de 2010. A pesar de ello, el texto del informe de FAES advierte de que debería analizarse a la vez si esa reducción ha supuesto un incremento en las dotaciones de recursos humanos en Diputaciones, Cabildos o Consejos Insulares en ese tiempo.
El 60% de los trabajadores gallegos cree que no tendrá aumento de sueldo por tercer año consecutivo, según un encuesta realizada a más de 1.000 profesionales, 150 de ellos de Galicia, a los que se ha pedido que elaboren su propia carta de peticiones para su jefe como si de la carta de los Reyes Magos se tratara.
Novacaixagalicia ha vendido parte de sus acciones en Pescanova hasta situar su participación en el 29,824%, con el objetivo de evitar lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), a la que obliga la ley en caso de superar el 30%. La nueva caja gallega y el FROB formalizan la emisión de participaciones preferentes por 1.162 millones de euros que no conllevan derechos políticos en la asamblea.
Los segundos presupuestos desde que Alberto Núñez Feijóo asumió las riendas de la Xunta han sido aprobados con los únicos votos del grupo mayoritario del Parlamento de Galicia, el PPdeG, que apenas aceptó cambios en la tramitación parlamentaria de las cuentas. Éstas ascienden a 10.548 millones de euros, si bien el gasto real es 1.177 millones menos -son 9.708 millones en total-, lo que supone una caída del 10,8% con respecto a 2010. La oposición lamenta el uso de la deuda y el "dogma del déficit cero".
Moody's amenaza con bajar el rating de 30 entidades financieras españolas, así como de sus emisiones de deuda con aval del Estado, después de hacer lo mismo con la calificación del Reino de España. Entre las entidades se encuentran la caja fusionada, Novacaixagalicia, y el Banco Pastor. La agencia considera que la capitalización, rentabilidad y acceso a los mercados de financiación del sistema "permanecerán débiles".
La conselleira de Facenda de la Xunta, Marta Fernández Currás, ha confiado en que Galicia cumplirá el objetivo de déficit en 2010, fijado en el 2,4 por ciento del PIB, tras conocerse que se sitúa como la quinta comunidad con una cifra más baja, del 0,65% en el tercer trimestre, por debajo de la media, que es del 1,24%. Fernández Currás destaca que los datos "hablan por sí solos" y alude a medidas de ajuste que tendrán efectos "importantes" para la comunidad, reiterando su compromiso con la estabilidad presupuestaria.
Los votos del PPdeG e el Parlamento de Galicia han servido para aprobar una proposición no de ley en la que reclama a la Xunta que se dirija al Gobierno central, con el fin de que "establezca las ayudas y apoyos contemplados en la legislación" para los trabajadores de Sargadelos afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE). En concreto, los populares proponen facilitar la prejubiación de los mismos y la cobertura económica hasta que los empleados accedan a la jubilación.
