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El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tendrá "antes del verano" definida "cuál va a ser la hoja de ruta" para el futuro de las tres entidades financieras nacionalizadas, Novagalicia Banco entre ellas, y que el objetivo será "garantizar que se recupere lo máximo posible" de las ayudas públicas.
Deloitte, administrador concursal de Pescanova, ha solicitado la suspensión por 60 días de la revocación de BDO Auditores, auditora de la gallega durante los últimos once años, para la verificación de las cuentas del ejercicio 2012. Sobre otro grande de la economía gallega, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, asegura que el Gobierno no descarta adelantar la venta de Catalunya Banc y Novagalicia Banco si mejoran las condiciones de mercado y hay más apetito inversor.
Los acreedores de Pescanova cuentan con un plazo de un mes a partir del 20 de mayo para comunicar el importe que les adeuda la firma a la administración concursal que gestiona la consultora Deloitte que ha sido designada en representación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según publica el BOE. Pescanova tiene reconocida una deuda bancaria de más de 3.000 millones de euros.
Deloitte, administrador concursal de Pescanova, está sondeando a otras entidades financieras para que se sumen a la inyección de liquidez, por importe de 55 millones de euros, que la firma gallega necesita con urgencia para seguir operando, según han informado a Europa Press en fuentes financieras. Este importe será el mínimo necesario para afrontar la gestión diaria de la empresa gallega, así como los pagos a los proveedores y las nóminas.
Galicia ha cerrado el primer trimestre del año con un déficit de 65 millones de euros, una cifra que equivale al 0,12% del producto interior bruto (PIB), de acuerdo con los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda. Galicia está en el bloque de comunidades con números negativos, frente a otras ocho que cerraron este ejercicio en positivo. Las comunidades autónomas gastaron casi 16.000 millones de euros en las nóminas del personal público.
La crisis ha provocado la destrucción de 216.000 empleos desde su inicio, que se dejó notar en el mercado laboral gallego en el tercer trimestre de 2008, hasta la actualidad, según los datos aportados por CC.OO. en un informe sobre la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2013. Este sindicato advierte de una "desindustrialización" en la comunidad gallega y destaca que el sector perdió el 30% del empleo que tenía antes de la recesión económica.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,4% en Galicia en abril respecto a marzo, pero la tasa interanual bajó 1,1 puntos, hasta el 1,3%, por el abaratamiento de los carburantes y de la luz, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE). Vestido y calzado aumentan un 8,9% por la nueva temporada.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha aceptado este martes que se actúe con "generosidad" con las comunidades que no cumplen el déficit, pero dice que las que sí lo hacen y "no son un problema", como Galicia, deben recibir una "discriminación positiva" y tener "prioridad" en el acceso "a determinados fondos estatales. Feijóo dice que cumplir el objetivo es no gastar más de lo que se tiene, priorizando y no con una obsesión contable sino de reordenación de los recursos disponibles.
La banca acreedora y Deloitte, administrador concursal de Pescanova, han llegado a un acuerdo por el que varias entidades otorgarán crédito urgente a la multinacional pesquera por valor de unos 55 millones de euros, que se destinarán a gasto corriente. La concesión de este crédito está sujeta a condiciones: la inyección de liquidez se destinará a gasto corriente y tendrá consideración de deuda privilegiada, es decir, los bancos tendrán preferencia de cobro.
El presidente de la Xunta ha remarcado que ninguna ocupación industrial puede mantenerse en la costa gallega sin un informe "determinante" de su Ejecutivo y ha subrayado que, en el caso de Ence, cuya concesión en la ría de Pontevedra caduca en 2018, se verá "qué oferta y qué mejoras económicas está dispuesta a hacer", si bien "hoy por hoy no plantea ninguna medida que haga cambiar de opinión".
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