Hace unos días la prestigiosa revista médica New England Journal of Medicine incluía entre sus artículos uno titulado ¿Quién cuidará de EEUU? La política de inmigración y la crisis del personal sanitario que se avecina. Desde una perspectiva un tanto utilitarista, describía varios ejemplos dramáticos, tanto en su efecto sobre los trabajadores sociosanitarios afectados por estas deportaciones como sobre las personas por ellos cuidadas, de cómo las políticas para facilitar las deportaciones masivas estaban afectando al cuidado sociosanitario. Me impactó especialmente la descripción de como un paciente mayor con cáncer se cayó en su casa y permaneció tendido en el suelo durante días antes de ser encontrado, falleciendo poco después. Quizá tampoco habría sobrevivido de haber sido encontrado antes, pero lo que sí se sabe es que su cuidador había dejado de ir a trabajar por temor a la deportación.
¿Les recuerda a Vds algo oído cada vez más frecuentemente en nuestro entorno más cercano?
Leo datos recientes que indican que en España viven unos 9 millones de personas que nacieron en otro país, por tanto, uno de cada 5 residentes, si bien algo más de tres millones de ellas tienen la nacionalidad española. Las personas nacidas fuera de España han sido esenciales para dar cobertura a la demanda de sectores donde había más necesidad de mano de obra. Se reparten de forma desigual entre los tipos de trabajo siendo el 28% de los afiliados al sector de la hostelería y el 20% en la construcción, disminuyendo a un 6% en actividades sanitarias y servicios sociales (hay que tener en cuenta que hablamos de datos de afiliación, con papeles). Por supuesto todo esto vuelve a recordarme lo que escribí en relación con la concesión de dichos papeles (
https://www.galiciadigital.com/opinion/opinion.36093.php).
Durante la última década la inmigración ha aportado el 12% anual al crecimiento del PIB y ha sido fundamental para luchar contra la reducción de la población activa que sostiene el sistema de pensiones.
Aunque el MOTIVO ESENCIAL que me conduce a alzar la voz o escribir sobre ello es la AGRESIÓN QUE ELLO SUPONE A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, quizá a algunos les lleguen mejor estos argumentos más materiales, prácticos o utilitaristas.
La presencia de inmigrantes debería turbar nuestra tranquilidad no por ser origen de un aumento de conflictos y delincuencia como se nos pretende hacer creer, realidad desmentida por recientes datos sobre no aumento de delincuencia en España, sino porque nos aproxima a otras realidades hasta ahora lejanas que no nos deberían ser ajenas. Se nos invita a rodearlos para no encontrarnos con ellos como hicieron los que precedieron al samaritano en la parábola. Es necesario no dar un rodeo sino comprender otras realidades, otras cosmovisiones, Hay que hacer desaparecer el nosotros y ellos. Lo único exigible, a los que llegan y a los que los recibimos, es respeto y convivencia. Esta convivencia es la que no permiten los integrismos, pero los de cualquier signo. Lo que sí puede generar conflicto, y quizá delincuencia, es la precariedad, los obstáculos para regularizarse y acceder al trabajo. Pero este es el mismo origen de delitos e ingreso en prisión, la marginalidad y vulnerabilidad, que encontramos en las cárceles para los nacidos en España. Sin negar dificultades para alcanzar la COHESIÓN SOCIAL, que es mucho más que la integración que alude a un esfuerzo unidireccional solo de los que llegan, y el reparto de los recursos que tenemos, es importante resistirnos a que nos hagan ver como amenazas a las personas que buscan ayuda. Pero si estos principios y la defensa de los derechos humanos, que es el argumento que desde este artículo se defiende, no les son suficientes a algunos, que piensen en ¿quién nos cuidará? ¿quién soportará el sistema de pensiones?
Juan Antonio Garrido, médico internista y especialista en bioética.
