- Desde el bufete especializado en Derecho Digital, Pintos & Salgado, analizan este mes uno de los conceptos clave en materia de rendición de cuentas y transparencia empresarial.
- Víctor Salgado, abogado y socio-director del despacho: "desde 2023 es obligatorio que toda empresa de más 
de 50 empleados tenga un canal de denuncias operativo, pero también gestionado, con un responsable encargado de tramitar las comunicaciones. Es fundamental si queremos construir una cultura organizacional más ética".
A principios de 2023, se aprobaba la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de transposición de la Directiva 1937/2019 de la Unión Europea (UE) conocida como Directiva Whistleblowing. Con esta normativa sobre la mesa, la UE enfatizaba la relevancia de establecer mecanismos de denuncia dentro de las empresas, de la mano de nuevas fórmulas de protección para cualquier trabajador denunciante, con un claro horizonte de promover cambios en la cultura organizativa del tejido empresarial europeo.
Y es precisamente el concepto que le da nombre a la Directiva transpuesta de la UE el que abordan esta semana desde Pintos & Salgado, a través de su socio-director Víctor Salgado. "Cuando hablamos de whistleblowing, nos referimos a cualquier sistema que actúe como canal de denuncias, desde un correo electrónico a una página web o intranet particular, y que permita gestionar las comunicaciones que entren por esa vía. Se trata de una herramienta clave en el día a día de una organización porque garantiza, por un lado, transparencia, y, por otro, rendición de cuentas".
Para el abogado especialista en protección de daños y ciberseguridad, la existencia de un canal whistleblowing -obligatorio en empresas de más de 50 empleados, y aconsejable en las pymes- "fomenta una cultura organizacional mucho más ética y volcada con la transparencia y la denuncia de posibles abusos, mejorando la confianza interna e impactando positivamente en la reputación externa de la organización". Y, desde luego, presenta un considerable "carácter preventivo", al actuar como un vehículo de detección de conductas que podrían escalar a vulneraciones de derechos más graves.
Pero Víctor Salgado también es rotundo: "no basta con habilitar el canal: es necesario que las comunicaciones recibidas se gestionen con agilidad, rigor y confidencialidad, más allá de simplemente 'hacer sonar el silbato', como sugiere el término en inglés".
Además de realizar un seguimiento y análisis de las denuncias, es "aún más relevante que todo trabajador tenga claro que el sistema de whistleblowing es seguro, confidencial e independiente. Si no se proporciona esa certeza, no se usará ni será efectivo como herramienta porque habrá miedo a represalias dentro de la empresa", recalca Salgado.
GARANTIZAR EL ANONIMATO Y PROTEGER LOS DATOS DEL DENUNCIANTE
La propia Directiva Whistleblowing impulsada por la Unión Europea ya estipulaba en 2023 un conjunto de características que debían regir la protección de los denunciantes, sabiendo que era un elemento clave para la efectividad del canal de denuncias.
En esta legislación se marcan sobre todo límites temporales, expone Víctor Salgado, como darle al informante un acuse de recibo en un plazo de 7 días desde la recepción de la comunicación y limitando -salvo en casos muy complejos- el proceso de gestión e investigación de la denuncia hasta máximo 3 meses.
De igual manera, en la estructura organizativa de la empresa se debe designar un responsable para este proceso, que deberá ser un directivo nombrado por el órgano de administración, aunque deberá ejercer su cargo con independencia. Este abanico de medidas contribuye a una protección efectiva, que siempre deberá reservar la identidad del informante y que se extenderá durante un período de dos años para él, sin poder verse sometido a represalias por la información que haya revelado.
En el caso de que se demuestre que un trabajador recibe una represalia por denunciar un acto ilegal o éticamente reprobable, podrá haber medidas disciplinarias o de responsabilidad como indemnización por daños y perjuicios, contextualizan desde Pintos & Salgado.
Si no se sintiera totalmente seguro, la Directiva Whistleblowing también recoge la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), un organismo con autonomía de los poderes públicos que actúa como canal externo de denuncias y al que se puede acudir con todas las garantías de seguridad.
UN CAMBIO DE PARADIGMA ORGANIZATIVO
¿Qué relevancia cultural implica esta herramienta? A esa pregunta responde Víctor Salgado: "exigir legalmente la puesta en marcha de un canal de whistleblowing nos ayuda a actualizar la cultura organizativa de las empresas. Y eso conlleva estar vigilantes ante conductas poco éticas o ilegales desde la directiva y desde los trabajadores: comprometernos colectivamente dentro de las organizaciones a luchar contra la corrupción, el fraude financiero, prácticas que dañen al medioambiente...".
Así, es una nueva obligación que se suma a los protocolos y procedimientos que toda empresa debe disponer para garantizar derechos básicos en el día a día.
"Si queremos organizaciones comprometidas, éticamente responsables y en línea con lo que marca la ley, debemos garantizar cuestiones como la igualdad, la desconexión digital, la protección ante el acoso o los abusos, y el whistleblowing es clave en esta modernización cultural", concluye Víctor Salgado.
