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Empresarios gallegos a través de la CEG han propuesto "reflexionar sobre la supresión de servicios públicos prescindibles o la privatización de aquellos que acarrean un coste desproporcionado" para las arcas públicas. La patronal gallega apuesta por "reconsiderar" diputaciones y ayuntamientos de menos de 4.000 habitantes y pide que se reduzca la presión fiscal. La CEG cree que la huelga general convocada por la CIG es imprudente.
Los sindicatos de función pública (CIG, CC.OO, UGT y CSI-CSIF) piden conjuntamente a la Xunta que retire sus propuestas de recortes, que incluyen medidas como no abonar el complemento a los trabajadores de baja los primeros 21 días, y avisan de que si no se rectifica, habrá una huelga. La Xunta les dice que negocien y que mejoren la propuesta de medidas. CIG ya convocó una huelga general la última semana de marzo contra los recortes del Gobierno de Rajoy.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a los poderes públicos a "adoptar las medidas valientes y consensuadas necesarias" para mantener en Sistema Nacional de Salud, dado que pueden haber perdido eficacia las fórmulas de gestión que "eran eficaces antes". La ministra Ana Mato reitera su deseo de conformar un Pacto de Estado para que sanidad y servicios sociales estén "a salvo de los ciclos económicos". Núñez Feijóo dice que su coste anual supera a todo el gasto público de Portugal.
La Xunta podrá obligar al personal interino y al laboral temporal a reducir hasta un 33% su jornada -con su consiguiente rebaja de salario- y ofrecerá la posibilidad de acogerse, de forma voluntaria, a una medida similar a los funcionarios y los laborales fijos. Además, garantizará el 100% de las retribuciones en incapacidad temporal solo en casos de accidente laboral, enfermedad profesional o maternidad. Los sindicatos dicen que es "el ataque más grave" contra la función pública y anuncian protestas.
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se situó al terminar enero en 271.284 personas en Galicia, lo que supone un aumento del 5,05% en relación al mes anterior, al incrementarse en 13.050 los desempleados en la comunidad, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El presidente de la Xunta dice los datos "son malísimos" y los sindicatos los vinculan con los recortes.
La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, ha destacado que "para que tenga éxito" la reforma laboral "lo más adecuado y justo" es que se adopte con el "acuerdo" de la patronal y los sindicatos, pero asegura que el Gobierno central "tendrá que tomar sus decisiones" si no se alcanza el consenso entre los agentes sociales.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que quedará sin efecto "de forma temporal" la percepción del plus de altos cargos en el marco del panorama económico de "enorme incertidumbre" actual. El presidente gallego cree que con este recorte se ganan algunos millones de euros, aunque asegura que ganará más con otras medidas. Los sindicatos, que apoyan esta decisión, advierten sin embargo que no admitirán más recortes en la función pública gallega.
La dirección del centro de PSA Peugeot Citroën de Vigo ha propuesto a los sindicatos, en la segunda reunión de negociación del convenio colectivo, una vigencia de cuatro años -de 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2015- y, en materia de sueldos, desvincular la inflación de la subida salarial que pasaría a vincularse a los objetivos de producción, la calidad y los costes.
La Xunta de Galicia ha decidido no convocar oferta pública de empleo este año en el sector educativo por el coste que supondría realizar el proceso con muy pocas plazas. Así se lo ha transmitido la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a los portavoces sindicales reunidos en mesa sectorial. CIG-Ensino convoca una protesta ante la Consellería de Educación que defiende la postura acordada en Madrid por las comunidades autónomas para esperar a 2013 para convocar nuevas plazas de docentes.
Pescanova obtuvo un beneficio neto consolidado de 48,8 millones de euros en el ejercicio 2011, lo que representa un incremento del 34,4% respecto a las ganancias de 36,3 millones del año anterior, según datos preliminares y sin auditar remitidos por el grupo alimentario a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La empresa descarta una regulación de su plantilla.
