El Gobierno contra los ayuntamientos

Acabamos de asistir a una cumbre entre el Gobierno y sus barones regionales para hablar del reparto del déficit. ¡Y hay que ver qué diferencia de trato de unas administraciones a otras!. Con las Comunidades Autónomas todo son conversaciones para hablar de déficit, es decir, de números rojos, mientras que para los Ayuntamientos se elabora una Ley dirigida a los más vulnerables, los de menos de 20.000 habitantes, a pesar de que su deuda es infinitamente menor a la de las Comunidades, y con independencia de que sus números sean rojos o negros, despojándoles de sus competencias a favor de organismos contrarios a la Carta Europea de Autonomía Local, como son las Diputaciones.

Europa exige al Gobierno una reforma de la Administración y pretende cumplir el expediente con la más débil, con la local, y de esta con los más desprotegidos, los pequeños ayuntamientos. Y lo hace con la fórmula más fácil e inmediata: la supresión de servicios públicos y la precarización de los que salva. Algo parecido a lo que pasó ante la exigencia de recorte en el gasto público, que lo más fácil y rápido fue la bajada y posterior congelación del sueldo de los funcionarios, en lugar de adelgazar la administración de todo ese personal que no entró superando las pruebas de igualdad, mérito y capacidad. Si en el conjunto de las administraciones públicas quedaran solamente los funcionarios no hubiera hecho falta recortarles el sueldo y además hubiera habido un ahorro mucho mayor que el obtenido con esa medida. Y si en la administración local se acometiera la reforma que reclama Europa, es decir, el rediseño del mapa de planta mediante las fusiones correspondientes que ya hicieron nuestros socios y a la que se oponen los dos grandes partidos políticos, también se conseguiría un ahorro mucho mayor que con la reforma que pretende el Gobierno, y además no sólo sin suprimir ningún servicio, sino aumentándolos y mejorándolos.

Pero esas fusiones, absolutamente inevitables, no se han querido acometer no por no creer en ellas sino, a mi juicio, porque mantener más de 8.000 ayuntamientos les supone a los partidos políticos tener una cantidad importante de cargos públicos con los que fidelizar voluntades, y además poder contar con una red cuyos tentáculos llegan a todos los rincones del país para reclutar los votos que necesitan en cada elección. Pero todos estos alcaldes, que lógicamente, tampoco quieren las fusiones porque les supone perder sus sillones, creo que no son conscientes de que la reforma del Gobierno les va a entrar plenamente en vigor a un año vista de unas elecciones municipales que van a tener que afrontar con una pérdida generalizada de competencias, cierre de servicios importantes, algunos de ellos muy sensibles socialmente, y con una destrucción de empleo estimada, según algunas fuentes, en unos 300.000 trabajadores.

Y otros que tampoco están reaccionando son los Presidentes de las Diputaciones, que ante el panorama que se les brinda de poder ser “Super Alcaldes” tampoco son conscientes de que se trata de un caramelo envenenado, ya que la inmensa mayoría no van a ser capaces de prestar todos los servicios municipales que se les vienen encima, lo que va a provocar una reacción aún más encontrada contra estas entidades de la que existe hoy en día, perdiendo la oportunidad histórica de reivindicarse como lo que deben ser, verdaderos órganos de gobierno provinciales, con competencias propias que supongan la puesta en valor de la provincia y el abaratamiento de un gran número de servicios supramunicipales, con lo que supondrían un valor añadido y de paso contribuirían a cambiar la opinión desfavorable existente hacia ellos.