Sobre la reforma de la Administración Local

REFLEXIONES SOBRE LA REFORMA DE LA ADMINISTRACION LOCAL

El Gobierno acaba de elaborar el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que no contenta prácticamente a nadie, destacando su aspecto competencial que nos devuelve a mediados del siglo pasado. Hoy es impensable que para ir a una biblioteca municipal haya que vivir en ayuntamientos de más de 5.000 habitantes o en más de 20.000 para que nos ayude protección civil, practicar deporte en instalaciones municipales o contar con una ayuda a domicilio, por lo que habría que exigirle que establezca una carta de servicios acorde con las exigencias que tiene la población en pleno Siglo XXI.

Dice que termina con las competencias impropias, confundiendo competencias con gastos ya que se refiere a educación y sanidad cuando los ayuntamientos se limitan a pagar la limpieza y calefacción de los edificios, que deberían ser por cuenta de las comunidades autónomas, que son las que prestan los servicios, y para ello no hace falta una ley, sólo voluntad y sentido común.

También que acaba con las duplicidades cuando los servicios que no presta el ayuntamiento no lo hace ninguna otra administración. Cuando se habla, por ejemplo, de que las competencias en servicios sociales las ejercen tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos no es cierto. Las comunidades prestan unas pero los municipios se encargan de los servicios sociales de base, los más próximos, incluyendo la ayuda a domicilio, financiándolos en un aparte muy importante. Y la absorción de todas ellas por parte de las comunidades autónomas supondrá el desmantelamiento de estos servicios básicos, ya que no tienen capacidad económica suficiente para soportarlas sin ese plus de financiación municipal.

Las duplicidades se dan en otro ámbito: la mayor parte de los servicios se repiten entre ayuntamientos cercanos de forma que el gasto es muy grande y la eficacia muy reducida al haber una gran fragmentación en los usuarios. Parecería de sentido común que se concentraran de forma que también se hiciera con sus destinatarios, consiguiendo un ahorro que podría destinarse a la implantación de otros nuevos o a mejorar los existentes así como una mayor optimización de los recursos públicos al destinar menos dinero por usuario para conseguir, incluso, una mejor prestación. Sobre esto propongo elaborar un mapa de servicios en el que consten los que presta cada ayuntamiento y simultáneamente la elaboración de un mapa de planta en el que se delimiten los ámbitos territoriales de influencia. De la superposición de ambos comprobaremos las duplicidades innecesarias e injustificadas.

La reforma introduce un parámetro de rentabilidad como si los ayuntamientos fueran empresas de servicios que deban obtener una cuenta de resultados positiva, cuando una cosa es la contención del gasto y la optimización de recursos y otra la rentabilidad. Sin embargo plantea la asunción por parte de las diputaciones de los servicios de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que no los presten dentro de esos parámetros, que son el 95 %, a la vez que deja fuera a las grandes ciudades, que son en realidad las que incurren en un déficit con reflejo en el del Estado, no entendiendo cómo pueden establecerse unos criterios objetivos que no se aplican a todos los que los incumplan sino sólo a los de menor peso, menor financiación y por lo tanto mayor posibilidad de incurrir en los supuestos de tutelaje, con lo que se va a producir una fusión de facto de ayuntamientos a favor de las diputaciones, cuando éstas son órganos de representación de segundo orden, no sometidas al refrendo directo de las urnas, pero manteniendo todo el aparato político intacto para evitar la rebelión de los alcaldes. Además esta reforma excluye la gestión compartida y prácticamente impide cualquier proceso de fusión, toda vez que el resultado debería ser un ayuntamiento de más de 20.000 habitantes, pues en otro caso seguiría sometido al tutelaje provincial. Suponiendo todo ello una auténtica distorsión del mundo local.

Pero hay una cuestión que esta reforma no abarca y que los ayuntamientos llevan esperando desde su restauración democrática como es la financiación local, de forma que se acabe con el pernicioso sistema actual de subvenciones a las que acuden para obtener financiación para obras y servicios programadas desde la administración que subvenciona sin tener en cuenta las necesidades reales de la subvencionada. Debe elaborarse una ley que establezca claramente los ingresos municipales con independencia de las coyunturas políticas o económicas tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas. Y es dentro de esa ley donde deberían estar los costes de servicios, cobrando aquí un papel muy importante los ámbitos territoriales a los que me referí anteriormente, pues habrá de tenerse en cuenta si estamos ante ayuntamientos de valle o de montaña, agrupados o diseminados, grandes o pequeños, etc., etc. Y sólo a través de esos ámbitos homogéneos se pueden obtener costes igualmente homogéneos.

Además, si se instaurasen esos ámbitos territoriales estaríamos dando un paso de gigante hacia la inevitable fusión de ayuntamientos, pero de forma no traumática, pues se verían sus ventajas antes de producirse y el resultado final caería por sí sólo, porque la gente lo que quiere es que se le presten los servicios y les importa poco quién se los preste, y no creo que vayan a tolerar su recorte y el alejamiento de los centros de decisiones sólo por el prurito de seguir manteniendo el número de consistorios que tenemos. A este respecto quisiera destacar que la mayoría de países de Europa ya acometieron las fusiones de ayuntamientos en la segunda mitad del Siglo XX, reduciéndolos en un 75 %, mientras que España ha seguido manteniendo su sistema atomizado a pesar de que las fusiones no son ajenas a nuestra historia, pues desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX se redujeron 3.163 ayuntamientos. Y si vivimos dentro de una comunidad como la europea, a la que le pedimos unidad en otras cuestiones, como fiscal, financiera, etc., no podemos seguir con un sistema local imposible de homologar con los países de nuestro entorno.

Como colofón quisiera dejar sentado que no se puede establecer un sistema nuevo sin elaborar una ley nueva y sin abrir el diálogo a todos los implicados, incluyendo tanto políticos como técnicos, estudiosos, profesionales, etc. de forma que definan, con el mayor grado de consenso posible, el nuevo diseño de entre dos posibles: reformar, con la amplitud que se considere, el actual modelo o redefinirlo para, según mi criterio, homologarlo con el de nuestros socios a la vez que lo adaptamos para que responda ante los retos del presente siglo XXI.

(Alejandro de Diego Gómez. es Secretario de Administración Local).