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Justicia ciega

martes, 14 de febrero de 2012
Dice el refranero que “más vale caer en gracia que ser gracioso”. Una verdad como un castillo que estos días salta a la actualidad con las noticias que nos vienen dando sobre los diversos procesos judiciales de Baltasar Garzón, Francisco Camps, los niños desaparecidos en Córdoba, Iñaki Urdangarín… La valoración que se hace de unos u otros varía enormemente con independencia de los hechos probados en el juicio o la sentencia dictada por la sala. Da igual. Si la sentencia no nos gusta clamamos al cielo diciendo que la justicia no funciona y nos quedamos tan anchos.

Entre los que “caen bien” no es raro ver a personajes que han sido imputados o condenados por delitos que atentan precisamente contra su función principal. En el caso de Garzón, por ejemplo, vemos que cientos de personas, incluso miles en toda España (el otro día había una decena de lucenses frente al Ayuntamiento que, si bien no son representativos sí son llamativos) se manifiestan sin sonrojo para defender a un señor que ha atentado contra los derechos civiles de una serie de ciudadanos. Como estas personas “caen mal” por ser presuntos chorizos, no pasa nada, es lícito darles caña, interpreto yo que entiende esta masa. También había gente aplaudiendo a Barrionuevo y Vera cuando se les condenó por el tema de los GAL.

Ahora se ha archivado el proceso por cohecho impropio de Garzón, aunque está demostrado que tras aceptar una generosa donación de una importante entidad bancaria archivó un caso contra dicha entidad. Será casualidad, será mala suerte, será una rosa, será un clavel, la cuestión es que si eso lo hubieran hecho Urdangarín o Camps los manifestantes estarían gritando justamente lo contrario, porque les caen mal.

No confundan los términos. Entiendo que Garzón caiga bien porque hizo cosas que a muchos nos parecen buenas, sólo que por el camino equivocado. Si no se investigan los crímenes que se cometieron en la Dictadura es porque no hay base legal para eso, así que lo que hay que cambiar es la legislación. La persecución a ETA no la ha de hacer un juez, sino el Ministerio del Interior, que es quien ha de presentar las pruebas ante la justicia. No se puede ser juez y parte, y mucho menos defender la ley violando su letra y espíritu. Si quería cambiar las leyes tendría que haberse mantenido en su escaño parlamentario, cosa que no hizo.

No voy a valorar si la simpatía es o no ajustada a mis preferencias personales, porque ese no es el tema. La cuestión, precisamente, es que la justicia, como se suele representar, ha de ser ciega, sin entender de simpatías personales ni de otro juicio que no sea el derivado, ya no de la verdad, sino de lo legítimamente demostrable en un pleito. Es la única manera de que el sistema se sostenga, soltando a muchos culpables para evitar condenar a un inocente.

Otra cosa diferente es que los españoles hayamos sancionado una Constitución que dice unas cosas… Probablemente el 99% de la población no se ha leído nuestro texto fundamental, cosa que me cuesta mucho trabajo entender porque no es Derecho, es la piedra angular de nuestra sociedad tal y como se supone que la entendemos. Precisamente por eso, por ignorancia, el común de nuestros conciudadanos no sabe que, por ejemplo, el Rey es inviolable.

Esto quiere decir que si a Don Juan Carlos le da un día por coger una pistola y empezar a liquidar gente en medio de la Puerta del Sol no se le puede detener, denunciar, procesar ni condenar. Se va a su Palacio Real tan campante. Imagino que incluso en coche oficial y con escolta. Si Agatha Christie viviera haría una serie de novelas en que el asesino fuera el Rey, y se resolverían pronto porque ni siquiera tiene que disimular. Para desgracia de su yerno, ese desmedido privilegio, difícilmente entendible, no cubre a toda la Familia Real, sino únicamente al monarca.

Pero una cosa es un privilegio otorgado al Rey por la Constitución (que, insisto, no comparto) y otra muy diferente que la ley se aplique según un muestreo popular. Garzón ha delinquido, asúmanlo. Puede que algún otro declarado “no culpable” (hablo de Camps, claro) también haya hecho algo mal, pero el principio de presunción de inocencia no sólo es vital en un Estado de Derecho, sino en una sociedad que no puede permitirse desconfiar de alguien porque tenga mala pinta. Eso no está bien ni en las tertulias de café. Si queremos ser un país serio hay que empezar por ahí.
Latorre Real, Luís
Latorre Real, Luís


Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la empresa editora


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