El pisito

Galicia, España, Europa y medio mundo sufren en la actualidad una crisis económica grave. En el caso español iniciada por la ruptura de la famosa burbuja inmobiliaria, que dejó a numerosas promotoras y constructoras en la ruina. Cerraron las inmobiliarias que habían aparecido como champiñones y dejaron de venderse pisos. Lo curioso es que para algunos constructores, de corte clásico y seguramente poca hipoteca, la mentalidad sigue siendo la misma. Ellos realizaban una obra y determinaban un precio, con un beneficio concreto que debían alcanzar fuese como fuese.

La crisis obligó a algunos promotores a poner las viviendas en alquiler con opción a compra, al menos así salía reflejado en los medios de comunicación, aunque cuando uno preguntaba por tal fórmula resultaba ser una quimera. El número de viviendas en el mercado bajo este sistema era muy pequeño y con características muy concretas y limitadas. Esto que relato a continuación pertenece a la más estricta realidad y no es ficción, aunque pudiera parecerlo.

Hace unos meses, encontramos un dúplex que se ajustaba a nuestras necesidades. No era maravilloso, pero servía. Decidimos alquilarlo y en el plazo de cuatro años, comprarlo, descontando las aportaciones realizadas en ese periodo. El día antes de proceder a la firma del contrato llamamos a la empresa promotora para confirmar fecha y hora y nos dicen que no puede ser, que hay un problema y que no pueden firmar el alquiler con derecho a compra pactado y reflejado ya en un documento escrito. Nos sonó raro, faltaba un papel y las formas no fueron las más indicadas por parte de un supuesto profesional de la construcción, pero vaya, no pudimos hacer nada, sólo aguantarnos y anular el aval bancario que nos habían exigido. Además el interlocutor, que había pasado a ser uno de los propietarios y ya no un empleado, no nos daba una fecha para reanudar negociaciones, “si encontráis otro piso, cogedlo, no sé lo que tardaré en solucionar los papeles”, nos comentó.

Decidimos olvidarnos de la cuestión pero, pasados veinte días, nos llaman por teléfono de la empresa promotora diciendo que el piso ya podía alquilarse. El propietario insiste en que vayamos a verlo y nos pide disculpas por lo sucedido y la forma de tratarnos. Acudimos a la cita y volvemos a ver el piso. Ya al final del encuentro, cuando pretendíamos zanjar la cuestión pese al mal sabor de boca, el promotor nos explica que había tenido un gasto de 18.000 euros por la legalización de la documentación del piso y que tenía que repercutir ese gasto entre los distintos inmuebles que restaban por ocupar, en nuestro caso, nos subía 6.000 euros el precio de la vivienda, ya nada barata. Le explicamos que ese era un problema suyo, ajeno a nuestro acuerdo y que no podía afectarnos a nosotros, modificando sustancialmente el contrato inicial. Quedó en enviarnos un correo electrónico con el nuevo texto. Así fue, lo recibimos al cabo de unos días y en el mismo ya se contemplaba la subida de los 6.000 euros. Contestamos que, como ya le habíamos dicho, el contrato no respetaba el acuerdo inicial, alcanzado un mes antes y, por lo tanto, con esas nuevas condiciones no nos interesaba el pisito.

Al cabo de unos días recibimos un segundo correo con el contrato nuevamente modificado y donde desaparecían los 6.000 euros. Ellos no tuvieron el valor de llamar por teléfono. Nosotros no contestamos. Nos quedamos sin pisito. Eso sí, ellos con su prepotencia a la baja y nosotros, con nuestro orgullo intacto. Pero así es la crisis, al menos en la construcción gallega. Curioso.