Abusos e indefensión

Cuando existe una emergencia habitacional, todas las Administraciones Públicas tienen que ponerse las pilas para garantizar el Derecho a la Vivienda, reconocido en la Constitución española así como en muchos Tratados y Organismos Internacionales. Algunos nos preguntamos, actualmente, quién puede acceder a una vivienda asequible, sea en propiedad o en alquiler, cuando las cuotas superan más de 40 por ciento de los ingresos de las unidades familiares?.

Décadas demandando medidas para proteger el Derecho a la Vivienda de todos los ciudadanos, en una sociedad de libre mercado en donde ha imperado la ley depredadora de la oferta y la demanda. La vivienda, como derecho básico y fundamental, tendría que estar fuera todo esto y aprobar una regulación específica y valiente, por parte de la Unión Europea, el Gobierno del Estado, las Comunidades Autónomas y los propios Ayuntamientos. Actualmente es necesaria una intervención pública del mercado inmobiliario para evitar los abusos y la indefensión de muchos pequeños propietarios e inquilinos.

Los que llevan sufriendo una inseguridad jurídica son muchos inquilinos, por culpa de los arrendamientos temporales, los pisos turísticos así como la insuficiencia de rentas para pagar regularmente los alquileres, sin garantía de una alternativa habitacional, por parte de los poderes públicos.

Por su parte, la Xunta de Galicia ha puesto en marcha, desde hace muchos años, algunos planes para garantizar las rentas dejadas de percibir a los propietarios de las viviendas (seguro de impagos de rentas), siempre y cuando las propiedades sean arrendadas de acuerdo a un precio razonable y tasado así como que ésta se encuentre en buenas condiciones de habitabilidad. Lo que no pude ser es que una persona esté pagando 500 euros mensuales y de la noche a la mañana se le quiera cobrar una renta de 2.000 euros mensuales, a esto se llama especulación y demasiada usura por parte de muchos fondos de inversión, buitres, grupos inmobiliarios y grandes tenedores. A todos estos habrá que ponerles freno para que no continúen desahuciando a personas vulnerables por los incrementos desorbitados e injustos de las rentas.