El poder judicial no puede convertirse en una sombra que eclipse la luz de la democracia.
Quienes tienen la enorme responsabilidad de impartir justicia deben actuar siempre con independencia, imparcialidad, rigor jurídico y absoluto respeto al Estado de Derecho.
Cuando una decisión judicial se aparta de esos principios, genera una profunda preocupación social y puede alimentar la percepción de que la justicia está siendo utilizada de manera arbitraria.
No cuestionamos la independencia judicial; defendemos precisamente una Justicia verdaderamente independiente, sometida únicamente a la Constitución, a las leyes y a los principios del Estado de Derecho.
Por eso reclamamos a todos los jueces y magistrados responsabilidad, prudencia y respeto escrupuloso a las garantías jurídicas.
Las resoluciones judiciales deben estar debidamente fundamentadas y no pueden convertirse en instrumentos de intereses ajenos a la Justicia.
Y cuando existan actuaciones que puedan constituir faltas disciplinarias o vulneraciones graves de los deberes judiciales, corresponde al Consejo General del Poder Judicial, dentro de sus competencias y con todas las garantías legales, investigar los hechos y actuar con firmeza.
Nadie está por encima de la ley. Tampoco quienes tienen la responsabilidad de aplicarla.
La democracia necesita jueces independientes, pero también necesita jueces responsables.
Necesita una Justicia que inspire confianza, no temor; que proteja los derechos, no que los debilite; y que sea una garantía para todos, no un motivo de división.
Defender la democracia es también exigir una Justicia independiente, imparcial, rigurosa y sometida al Derecho.
Porque cuando la Justicia pierde su credibilidad, la democracia pierde una de sus luces fundamentales.
