Regular sin impedir el avance

En la actualidad, numerosas empresas están desarrollando diferentes modelos y usos de dispositivos aéreos no tripulados, eso a lo que le llamamos comúnmente drones.

Sin duda, se trata de una herramienta que destaca por su versatilidad, comodidad y bajo coste. Gracias a ellos, se ha facilitado enormemente la búsqueda de personas desaparecidas, los rescates, la coordinación en grandes
eventos o incendios por parte del sector público.

En el ámbito privado, también son muchas las empresas que han apostado por este dispositivo, en ámbitos como el de la agricultura, la ingeniería, o incluso el sector de los eventos.

El dron podría ser el aliado perfecto del ganadero, haciendo posible el control de sus reses sin tener que desplazarse a los pastos; del constructor que quiere comprobar cómo se desarrolla una obra; o incluso del propietario de una vivienda que necesita comprobar el estado de su tejado pero no consigue una empresa para inspeccionarlo.

Pero la realidad es diferente: detrás del uso de un aparato de tamaño reducido, al menos en comparación con los medios empleados anteriormente para las mismas funciones (helicópteros, avionetas...), se aplican normativas extensas que limitan sus posibilidades.

Existen modelos de tamaño muy reducido y dotados de numerosos sistemas de seguridad que disminuyen el riesgo de accidente. Otros, por sus dimensiones, peso o características, pueden causar daños si se realiza un mal uso.

Para evitarlos, es necesario aplicar una regulación. Además, los drones utilizan el espacio aéreo, un entorno que, como una carretera, cuenta con sus propias normas.

Ahora bien, la acumulación de exigencias, la dificultad para comprenderlas y el temor a posibles sanciones han terminado por desincentivar su utilización.

Hablamos de un "invento" relativamente sencillo, pero del cual se está comprobando la utilidad y también la apuesta por parte de grandes empresas. Y frente a esto, encontramos a una Administración que crea normas sin acompañarlas siempre de explicaciones claras y accesibles. Y en otras ocasiones, incluso los propios organismos que legislan no entienden dichas exigencias o no son capaces de darte unas pautas para cumplir la legalidad.

Resulta difícil comprender que, para la grabación de un espacio considerado normativamente urbano, aunque el vuelo se limite a grabar una propiedad privada, necesitemos comunicar la actividad al Ministerio del Interior y que, al mismo tiempo, cuando les vamos a indicar a un ayuntamiento o policía local la realización de dichas actividades exista un absoluto desconocimiento en la materia.

No se trata de una crítica a las normas, puesto que la mayor parte de ellas son razonables para primar la seguridad y privacidad del ciudadano. El problema aparece en la forma de explicarlas y aplicarlas, especialmente cuando los organismos de control ofrecen interpretaciones diferentes de cada vez sobre un mismo tema.

Creamos miles de normas, pero no informamos. Tampoco proporcionamos a los funcionarios las indicaciones para que conozcan como se realizan ciertos procedimientos y así, aparecen numerosos vacíos legales que pueden perjudicar actividades económicas, dejar a un lado proyectos de gran interés y, en definitiva, impedirnos crecer como sociedad.

Esto no depende solo de la Administración, sino de nosotros, que debemos conocer nuestros derechos y sobre todo, nuestras obligaciones, reclamando también explicaciones claras para poder cumplir la legalidad.

Y, si verdaderamente creemos en el progreso, también debemos dejar algo de libertad para hacerlo posible.

Ante la mera presencia de un dron no debemos asumir automáticamente que existe una ilegalidad. En primer lugar está nuestra seguridad, nuestra privacidad y nuestro derecho a la intimidad, pero mientras no se vulneren estos principios, debemos evitar que el desconocimiento convierta cualquier vuelo en una conducta sospechosa.

El progreso no consiste en eliminar normas, sino en conseguir que estas protejan sin convertirse en una barrera para el desarrollo.