Vivienda y administraciones públicas

Somos muchos los que cada vez estamos más convencidos de que el problema de la vivienda se utiliza como cuestión política y electoral pero no hay una voluntad real en buscarle una solución a miles de familias que tienen muchos problemas para encontrar una vivienda asequible. Mientras tanto son demasiados los propietarios que se aprovechan para incrementar de manera desorbitada y abusiva las rentas al alquiler de vivienda habitual o bien utilizan la posibilidad de alquileres de temporada o pisos turísticos.

Las Comunidades Autónomas poseen las competencias en materia de vivienda pero también los Concellos tienen la obligación de velar por los intereses de todos sus vecinos, muchos de ellos que se tienen que marchar para otras localidades porque en sus términos municipales no hay quien pueda arrendar una vivienda asequible y de larga duración. No es que no existan viviendas, sino que la mayoría están vacías o bien a la espera de los turistas y visitantes, principalmente en período estival, para percibir elevados ingresos, por un corto período de tiempo.

Hay que recordar que las Administraciones Públicas están obligadas, legalmente, a garantizar una alternativa habitacional a las familias vulnerables, para ello tienen que disponer de un parque de viviendas públicas adquiridas directamente, por compra o construcción, o bien a través de la negociación para la cesión temporal por parte de algunos grupos inmobiliarios o fondos de inversión y poder destinarlas a alquileres sociales.

La vivienda hay que entenderla como un Derecho y no como un privilegio o negocio. Para eso hay que adoptar medidas radicales a las que no están dispuestos los gobernantes de la derecha política que prefieren mantener el mismo estatus y que se continúen enriqueciendo algunos propietarios a costa del fruto del trabajo honrado de miles de familias humildes.