Alquileres sociales

España cuenta con unas 40.000 personas sin hogar. Un millón y medio familias viven en infraviviendas. Dentro de la Unión Europea, sólo Bulgaria y Letonia presentan indicadores de desigualdad más altos que España. Según datos estadísticos de la AEAT y del INE, la mitad de la población asalariada cobra menos de mil doscientos euros mensuales. Datos estos que nos trasladan una cruda realidad de lo que sucede con demasiadas familias en nuestro país.

En Galicia, según la ong Caritas, hay más de cuatro mil personas sin techo y que viven, habitualmente, en la calle. Para eso, en su día, uno de los informes de la oficina del Valedor do Pobo ya recomendaba que tendrían que articularse planes de vivienda con un porcentaje mayor de viviendas sociales, entre otras cuestiones. El IGVS y la FEGAMP firmaron, en su día, un Convenio de colaboración para el desarrollo de un Programa de viviendas vacías dentro del Plan gallego de rehabilitación, alquiler y mejora del acceso a la vivienda. Se abrió el plazo para la adhesión de los municipios a dicho convenio y que movilizasen como viviendas sociales en alquiler las viviendas vacías, no ya solo de las administraciones públicas y particulares sino también de las entidades financieras.

Hasta el momento, a pesar de la buena intención, todo se ha quedado en el papel mojado y no ha llegado a tener una aplicación práctica, con lo cual se sigue sin dar cumplimiento al Derecho a la Vivienda, contemplado en el artículo 47 de la Constitución.