Advertencia a quienes desde la impunidad, que al parecer les proporcionan sus cargos -ficticia
impunidad que saltará por los aires cuando suceda un accidente mortal-, han desestimado todas
y cada una de las alegaciones de instituciones públicas y estamentos privados que justificaban
la imposibilidad de ubicar granjas acuícolas en el sector Melenara-Salinetas-Tufia
La última noticia confirma la decepción de la gente, de los votantes, de quienes ejercen la democracia esperando ser correspondidos con una gestión leal, gestión que proteja los intereses de la población y que, sin embargo, sólo sirve, al parecer, para proteger los intereses de los que especulan con el mar, de los apropiadores de lo ajeno pues es el océano un bien común y no el coto privado de unos pocos, de los que contaminan sus aguas a cambio de nada, de quienes se ríen de la población ninguneándola con su despreciable silencio.
Y esta noticia a la que hago referencia es la siguiente: La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) emitió en su día informes técnicos advirtiendo del peligro que suponía la alta concentración de gaviotas patiamarillas, atraídas por los viveros marinos. No es nada nuevo, esta afluencia viene desde el comienzo de las jaulas cuando cientos de aves buscaban su ración diaria en las despensas bien surtidas de las jaulas, con centenares de lubinas. La razón del informe era obvia: AUMENTO SIGNIFICATIVO EN LA PROBABILIDAD DE COLISIÓN DE LAS AVES CON ALGUNA AERONAVE.
Si observamos el mapa de servidumbre civil aeronáutica de la zona y sabemos del preceptivo y necesario informe y acuerdo previo favorable de AESA para TRAMITAR AUTORIZACIONES SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES O PLANTACIONES, en dicho espacio (las granjas marinas son instalaciones sobre el océano), tal como regula el Real Decreto 369/2023 de 16 de mayo, sobre la regulación de las servidumbres aeronáuticas de protección de la navegación aérea ¿Cómo no se ha tenido en cuenta? ¿Cómo se ha podido ningunear sin cometer delito?
Si el informe fue DESFAVORABLE, ¿cómo desde el GOBIERNO DE CANARIAS se pudo APROBAR LA AUTORIZACIÓN QUE SIGUE VIGENTE? ¿Cómo pudo banalizarse la seguridad aérea? ¿Cómo se puede poner en riesgo la seguridad de unos aviones que salen cada pocos minutos por un espacio aéreo compartido por la aviación civil y militar?
Todo lo relatado en decenas de artículos ya publicados en múltiples medios de comunicación, permanece guardado en el DOSSIER que ha preparado la Plataforma Ciudadana por un Litoral Limpio, Plataforma de voluntarios, altruista, creada en defensa de la costa por vecinos, usuarios, asociaciones vecinales, agrupaciones ecologistas y un número indefinido de grupos que se suman a la defensa del litoral y la recuperación del océano, convirtiéndose en TESTIGO DOCUMENTADO de las irregularidades manifiestas a la hora de APROBAR Y SEGUIR DEFENDIENDO DICHAS CONCESIONES.
En el sector existente entre la BAHÍA DE MELENARA y la BAHÍA DE OJOS DE GARZA, jamás debió autorizarse concesión alguna, por múltiples razones, todas y cada una de ellas con suficiente peso para JUSTIFICAR EL RECHAZO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS y EXIGIR LA RETIRADA INMEDIATA DE LAS GRANJAS MARINAS EN ESTA ZONA, APROBADA INCOMPRENSIBLEMENTE, EN EL PROAC.
Lo vergonzoso es que saben de esta irregularidad manifiesta las empresas explotadoras del océano de todos y, como lo saben, CALLAN.
Sabe de este INFORME DESFAVORABLE el GOBIERNO DE CANARIAS, como supo de los informes DESFAVORABLES de otras instituciones como JEFATURA DE PUERTOS DE LAS PALMAS, alertando del peligro que suponía para el tráfico marítimo que el Puerto de
Salinetas sostiene, la presencia de granjas marinas con su sistema de jaulas, amarres, señalización mediante boyas, boyas luminosas, etc.
Y saben las CONSEJERÍAS Y DIRECCIONES GENERALES IMPLICADAS en las autorizaciones y en la actual defensa acérrima, del GOBIERNO DE CANARIAS, que INCUMPLEN todos los epígrafes que ellos mismos propusieron como INDISCUTIBLES CAUSAS para declarar una zona de litoral como ZONA DE PROHIBICIÓN ACUICOLA (ZPA).
Así, el PROAC (Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura) consideró zonas de exclusión para el desarrollo de esta actividad aquellas que se encontraran frente a un puerto (En este caso LAS GRANJAS se encuentran a escasos centenares de metros del muelle de la zona industrial de Salinetas -ver fotografía adjunta-), próxima a zonas urbanas, tanto de uso residencial como turístico (En este caso frente a las GRANJAS hay cinco núcleos próximos, alguno apenas a trescientos metros de las jaulas-: Salinetas, Clavellinas, Melenara, Taliarte y Tufia), en la salida de colectores de aguas residuales urbanas o industriales (En este caso LAS GRANJAS están situadas justo a la salida del emisario submarino de la zona industrial de El Goro y de Salinetas, y no muy alejadas del emisario submarino de aguas residuales urbanas de Hoya del Pozo).
Nada tengo que añadir que no se haya dicho en todas y cada una de las manifestaciones que ha habido, en cada pancarta colgada en ventanas y balcones, en cada mural que observamos a lo largo del Paseo, en bancos, jardines y en las puertas de las viviendas, en cada denuncia presentada.
Reitero, una vez más, que LA PRESENCIA DE JAULAS MARINAS EN ESTA BAHÍA ES UNA ILEGALIDAD MANIFIESTA, y no me queda más que exigir la total retirada.
De no hacerlo, de incumplir lo recogido en sus decretos y leyes, tanto el gobierno de Canarias como su consejería de Pesca y la Dirección General que ha hecho oídos sordos y vista ciega anter tal ilegalidad, al permitir con su autorización saltarse todos los informes que, bien documentados, rechazaban su instalación, SERÁN RESPONSABLES DE LOS ACCIDENTES Y DAÑOS PERSONALES Y MATERIALES QUE PUEDAN PRODUCIRSE, de los hipotéticos accidentes aéreos y marítimos que puedan provocarse en la entrada y salida de los barcos y en la descarga de combustibles, cuando la razón sea la existencia de estas jaulas marinas que no deberían estar ahí, así como de los episodios de contaminación que tal cantidad de biomasa encerrada provoquen en los ususarios de todas estas playas y en el medio ambiente, como ocurrió recientemente, con la muerte masiva de miles de toneladas de lubinas, fuera cual fuese la causa de la mortandad.
Serán doblemente responsables porque estando aprobada la Ley que les permite anular los permisos vigentes en esta zona, no lo hacen.
Es triste que siempre se tomen medidas cuando acaece un hecho de extrema gravedad -a pesar de ello, el cierre durante semanas de las playas teldenses por contaminanción, un hecho de extrema gravedad para la salud de los usuaurios, para el disfrute de los residentes y el quebranto económico para las empresas vinculadas a esta zona del litoral, no se tomaron medidas extraordinarias, ni se gestaron planes de actuación inmediata ni líneas de seguridad alrededor de las jaulas-. ¿Quién garantiza que nuevos episodios de gravedad extrema, con afectación al ciudadano y al sector turístico, pilar económico sobre el que se sustenta la mayor parte del empleo canario, no vuelvan a producirse?
¿Quién entonces negará la evidencia de un DESGOBIERNO ABSOLUTO, SOMETIDO A INTERESES PROVADOS?
Los responsables de este drama, obraron como obran siempre, dejando pasar el tiempo, procurando el olvido de la ciudadanía.
Esperemos que la justicia sea ejemplar, los responsables desenmascarados y juzgados ante tan claro incumpliento de la legislación vigente.
José Manuel Espiño Meilán, activista de la Plataforma Ciudadana por un Litoral Limpio, miembro y presidente honorífico del Colectivo Ecologista Turcón. Escritor y educador ambiental.
