El número de menores en el sistema de protección crece un 5,85% y el acogimiento residencial vuelve a superar al familiar

El sistema de protección a la infancia en España continúa sometido a una fuerte presión. El último Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia, publicado por el Ministerio de Juventud e Infancia con datos de 2024, confirma que 55.010 niños, niñas y adolescentes viven bajo una medida de protección, lo que supone un incremento del 5,85% respecto al año anterior.

El informe revela además un cambio de tendencia especialmente preocupante: el acogimiento residencial vuelve a situarse por encima del familiar, revirtiendo los avances logrados en los últimos años. Este retroceso evidencia, una vez más, que el sistema necesita evolucionar para responder a las necesidades actuales de los menores y sus familias, reforzando la prevención en todos los ámbitos de intervención -familiar, escolar, comunitario- para evitar separaciones traumáticas que podrían ser evitables con apoyos adecuados.

Uno de los grupos que más crece es el de los menores migrantes no acompañados, que pasan de 5.869 en 2023 a 8.214 en 2024, representando ya el 22,72% del total de menores en protección. La inmensa mayoría -el 97%- se encuentra en acogimiento residencial, frente al 3% en acogimiento familiar, lo que refleja la dificultad del sistema para ofrecer alternativas familiares a estos adolescentes.

Ante esta situación, una de las vías más eficaces para mejorar la respuesta del sistema pasa por fortalecer y acompañar a las familias acogedoras. No basta con ofrecer formación inicial: es imprescindible garantizar asesoramiento técnico permanente, apoyo emocional y recursos suficientes para facilitar la integración del menor. Además, propuestas como la que se plantea en Galicia -permitir que las familias acogedoras que mantienen durante años a un menor o a un grupo de hermanos puedan convertirse en familias adoptivas si así lo desean- abren la puerta a soluciones más estables y respetuosas con los vínculos afectivos.

Estas medidas deberían extenderse tanto a las familias extensas, que representan el 64% de los acogimientos, como a las familias ajenas (36%). Con una mejor cualificación previa, apoyo continuado y la posibilidad de evolucionar hacia la adopción en casos de larga duración, muchos de los acogimientos permanentes -que suponen el 67% del total- podrían transformarse en proyectos de vida más estables para los menores. El boletín incorpora además, por primera vez, datos sobre acogimiento especializado, con 385 casos, aunque no todas las comunidades han aportado información.

La situación de los menores de seis años continúa siendo especialmente preocupante. Aunque la Ley de Protección Jurídica del Menor establece que deben crecer en un entorno familiar, casi un 20% de ellos vive en centros residenciales: 589 niños de 0 a 3 años y 653 de 4 a 6 años.

Las diferencias territoriales también son notables. Las comunidades que más aumentan el número de menores atendidos son Baleares (+62%), Melilla (+22,46%), Castilla-La Mancha (+22,33%) y Galicia (+20,26%). En el extremo opuesto, los mayores descensos se registran en La Rioja (-24,63%), Ceuta (-23,85%) y Asturias (-18,73%).

A todo ello se suma otro reto estructural: la transición a la vida adulta. La tutela pública es siempre temporal, y cada año miles de jóvenes deben abandonar el sistema al cumplir los 18 años. En 2024, 7.815 jóvenes extutelados recibían algún tipo de acompañamiento, aunque los recursos siguen siendo insuficientes: de las 2.881 plazas de alojamiento disponibles, solo 16 son de titularidad pública. La mayoría afronta esta etapa sin red familiar y con una vulnerabilidad elevada, lo que exige reforzar los apoyos para garantizar oportunidades reales de autonomía.