La futura ley gallega de infancia priorizará la estabilidad emocional y evitará la ruptura de vínculos

Galicia ha desarrollado, desde finales del siglo XX, un marco legislativo propio en materia de protección de menores, aunque no siempre lo ha hecho evolucionar en consonancia con los tiempos ni con la misma intensidad que otras comunidades autónomas. Este recorrido normativo se articula en torno a tres grandes leyes.

La primera de ellas fue la Ley 3/1997, de la familia, la infancia y la adolescencia, aprobada apenas un año después de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor. Supuso el primer intento de construir un sistema gallego coherente de protección, estableciendo el marco general de actuación de los poderes públicos en relación con la familia y la infancia. Gracias a esta norma se configuró la estructura básica del sistema: la organización y funcionamiento de los servicios de protección, los procedimientos administrativos de tutela, guarda y acogimiento, la intervención en situaciones de riesgo y desamparo, y el desarrollo de recursos y programas de apoyo familiar. A partir de ella se aprobaron reglamentos y órdenes que regularon el acogimiento familiar y residencial, la adopción nacional e internacional, los programas de intervención familiar y los servicios sociales comunitarios y especializados.

El segundo hito legislativo llegó con la Ley 3/2011, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia, que derogó la Ley 3/1997. Sin embargo, su impacto fue mucho más limitado. Se trató de una ley esencialmente programática, centrada en principios y objetivos, sin desarrollar procedimientos administrativos que requiriesen reglamentación específica. La operatividad del sistema continuó dependiendo de la Ley 13/2008 de servicios sociales y de su desarrollo reglamentario, mientras que la protección de menores quedó condicionada por la legislación estatal, especialmente tras la profunda reforma de 2015. Esta falta de desarrollo propio supuso un freno para Galicia, que no avanzó al mismo ritmo que otras comunidades autónomas, las cuales sí actualizaron sus marcos jurídicos con nuevas leyes y reglamentos que reforzaron sus sistemas de protección e incorporaron enfoques más modernos.

En este contexto, la nueva ley de infancia y adolescencia anunciada para 2026 se presenta como una oportunidad histórica. Será la primera norma gallega dedicada de forma específica y completa a este ámbito, integrando y actualizando todos los procesos implicados. Entre los aspectos más relevantes que abordará destaca la intención de poner fin a una de las situaciones más criticada por familias acogedoras y entidades sociales: la ruptura forzosa de vínculos afectivos entre menores en desamparo y las familias que los acogen. La futura ley otorgará preferencia a estas familias para adoptar a los menores que ya tienen en acogida, siempre que lo deseen y cumplan los requisitos legales. Hasta ahora, acogimiento y adopción eran procedimientos separados, lo que impedía que una familia acogedora pudiera iniciar un proceso adoptivo incluso cuando existía un vínculo sólido y estable. Esta separación generaba experiencias traumáticas para los menores, obligados a cambiar de hogar y romper relaciones construidas durante años.

No obstante, la aprobación de la ley en el segundo trimestre del año parece muy poco probable. El proceso requerirá analizar nuevos escenarios, incorporar aportaciones de particulares, asociaciones, colegios profesionales y entidades del tercer sector, y ajustar múltiples variables técnicas y jurídicas. Aun así, resulta positivo que, aunque tarde, Galicia avance hacia una norma que refuerce los derechos de los menores en un momento social especialmente convulso y en el que la coordinación entre administraciones y la claridad competencial son más necesarias que nunca.

José Manuel Suárez Sandomingo, Presidente de la Asociación Profesional de Pedagogos y Psicopedagogos de Galicia.