¿Niñofobia o mala educación familiar?

En Francia se ha decidido incorporar vagones sin menores de 12 años en los trenes de alta velocidad. A quien haya viajado allí no le sorprenderá: basta con hablar en voz baja para recibir una mirada reprobatoria de quienes trabajan con su ordenador o escuchan música. El silencio no es solo una norma tácita en los trenes; también lo es en bibliotecas y en muchas cafeterías, donde el tono habitual se acerca más al murmullo que al diálogo.
España, sin embargo, ya se ha adelantado en este terreno. Renfe creó hace algunos años el "coche en silencio", donde no pueden viajar menores de 14 años. En ambos países la justificación es idéntica: garantizar una experiencia de viaje basada en la calma, la concentración o el descanso. Pero estas medidas de ultra‑silencio han abierto un debate entre quienes defienden la necesidad de estos espacios y quienes los consideran una forma de exclusión encubierta.
Los partidarios argumentan que ciertos servicios están diseñados para un tipo de experiencia que puede verse alterada por la presencia infantil: restaurantes de alta gastronomía, alojamientos orientados a parejas, balnearios o zonas de relajación. Frente a ellos, otros sostienen que estas restricciones suponen una discriminación generalizada hacia los menores y vulneran principios básicos de convivencia recogidos en constituciones como la nuestra.
Sin embargo, el problema rara vez reside en los niños, sino en la educación que reciben. Una educación basada en la permisividad absoluta -permitir que el niño haga siempre lo que desea, sin importar el contexto- acaba chocando con la libertad de quienes comparten el espacio. En cambio, enseñar a adaptar la conducta a cada situación no limita la libertad infantil, sino que la armoniza con la de los demás.
Algunos consideran este enfoque demasiado restrictivo, pero vivir en sociedad exige cierto grado de autocontrol. Lo contrario conduce a situaciones incómodas: llamadas de atención dirigidas no a los niños, sino a los adultos; discusiones elevando la voz, impropias de un entorno tranquilo; o la necesidad de recurrir a la autoridad, ya sea el revisor, el responsable del establecimiento o incluso la policía local.
Antes de llegar a esos extremos, fruto de una creciente falta de educación y de un individualismo que lleva a pensar que "si algo molesta, es el otro quien debe marcharse", convendría reforzar los modelos de educación familiar. No podemos delegar en terceros la tarea de enseñar normas básicas de convivencia, ni esperar que se resuelva el problema creando espacios segregados o recordando los demás a nuestros hijos lo que nosotros no les hemos enseñado.
En el fondo, el debate no gira tanto en torno a los niños como a la convivencia. La clave está en recuperar el sentido común que distingue entre lo razonable y lo discriminatorio, entre la necesidad de descanso y la intolerancia, entre la convivencia regulada y la niñofobia. Por todo ello, habrá que determinar cuándo es legítimo crear espacios sin menores, cuándo responde a una necesidad funcional y cuándo se convierte en una exclusión injustificada no tiene respuestas absolutas. Hay contextos -un vagón silencioso, un balneario, un restaurante- donde la regulación puede tener sentido, pero también riesgos cuando estas prácticas se generalizan sin matices.