Vivienda y especulación

La derecha política española habla que un problema importante es el del Derecho a la Vivienda y en cambio siempre están en contra de que se adopten medidas urgentes para la suspensión de los desahucios y lanzamientos de viviendas para personas vulnerables sin alternativa habitacional. Incluso catalogando e insultando a esas personas y familias vulnerables como "okupas". Al parecer, actualmente, en España hay sobre algo más de 60.000 familias afectadas, por un desahucio inminente sino se ponen las medidas legales correspondientes.

Cuando las competencias, en materia de vivienda, las tienen las diferentes Comunidades Autónomas y la mayoría de ellas se dedican a insultar a las familias vulnerables, que no tienen los ingresos suficientes para poder abonar alquileres, nada asequibles, con rentas abusivas y especulativas y a tratarles de "okupas" o "inquiokupas", es que en realidad no les preocupa la problemática de la vivienda y únicamente desean que todo continúe igual, dando libertad absoluta a los propietarios de las viviendas, fondos de inversión, grupos inmobiliarios o grandes tenedores (con más de diez viviendas en propiedad) para que establezcan sus precios de arrendamientos, sin ningún tipo de tope ni control, y que dispongan de las máximas garantías para la especulación y la usura en detrimento de la mayoría de arrendatarios.

Las diferentes Administraciones Públicas tienen la obligación de garantizar, realmente, el Derecho a la Vivienda y, en caso de desahuicio o lanzamiento de la vivienda habitual de una persona o familia vulnerable tendrá que garantizarles una alternativa habitacional, de lo contrario están incumpliendo con la legalidad vigente y lo que es peor atentando contra los Derechos Fundamentales, Internacionales y Humanos de las personas vulnerables, pobres o con escasos recursos.