Vamos a contar mentiras

Vivimos un momento socialmente delicado, en el que muchas personas se sienten con derecho a presentar sus opiniones como verdades absolutas, cuestionando -cuando no tergiversando- lo que otros expresan sobre los mismos temas. Esta actitud recuerda aquella canción infantil que decía, con ironía poética: "Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas...".

En el ámbito político, esta distorsión de la realidad se utiliza con frecuencia para desacreditar propuestas ajenas. Un ejemplo claro es el tratamiento de los menores no acompañados. Desde la Xunta, tanto el director general como la conselleira han afirmado que no pueden acogerlos porque sería necesario ubicarlos en centros específicos, mientras que el modelo actual se basa en su integración con menores gallegos. Esta afirmación es, sin embargo, profundamente engañosa. Ni unos ni otros están realmente integrados, sino que se encuentran en centros saturados, y aquellos que exceden la capacidad son enviados a otras comunidades de forma irresponsable y contraria a la normativa vigente, que exige su integración en el entorno más próximo.

Además, no es aceptable que se pretenda habilitar de un día para otro un alojamiento para ochenta menores, cuando la legislación establece un máximo de cuarenta plazas distribuidas en hogares. Este modelo, considerado residual dentro del sistema de protección gallego, lleva años reclamando una transformación hacia estructuras de convivencia familiar más reducidas, con un máximo de 15 menores, y, preferiblemente, de no más de 8 por hogar.

Todo esto es consecuencia de no haber hecho los deberes durante años: por un lado, acumulando menores en centros inadecuados, y por otro, trasladando ilegalmente a aquellos que ya no cabían. El modelo residencial gallego actual está obsoleto, además de ser incapaz de atender adecuadamente a niños y jóvenes tutelados, especialmente a aquellos con graves problemas de conducta, enfermedades mentales o discapacidades.

Por otro lado, la acogida de 300 menores no debería presentarse como un desafío insalvable ni como una amenaza a los recursos disponibles. Este mismo año, la Xunta ha difundido que el número de estudiantes en Galicia sigue descendiendo, especialmente en Infantil y Primaria, debido a la baja natalidad y la crisis demográfica. En el curso 2025/26 se prevé una caída de 4.255 alumnos en el sistema educativo gallego. Esta reducción, lejos de ser un problema, representa un ahorro que podría destinarse a cubrir, en parte, las necesidades de los menores que llegan, quienes durante años no han supuesto coste alguno para Galicia y que, en poco tiempo, podrían incorporarse al sistema productivo con una mínima inversión.

Muchos de estos jóvenes solo buscan trabajar para vivir con dignidad y ayudar a sus familias mediante el envío de remesas de dinero. Ese es su objetivo desde que salieron de sus hogares, y aquí solo se pretende obstaculizarles con excusas infundadas. Mientras tanto, algunos responsables políticos solo tratan de bloquear una política estatal que mira al presente de estos menores y al futuro de una sociedad envejecida que necesita urgentemente mano de obra joven.

Por eso, basta ya de que actúen con excusas y falsedades y pasen a hacerlo con responsabilidad, porque -y esto es totalmente cierto y conocido por todos- para eso se les paga: no para justificar su inacción, sino para construir soluciones reales.