El abandono del rural gallego: una herencia que se quema

Hace unos años recibí una herencia de mi padre compuesta, principalmente, por una docena de montes. Como ocurre con muchas herencias de tierras en Galicia, se trataba de minifundios: parcelas que, generación tras generación, se han ido dividiendo entre los herederos hasta alcanzar dimensiones irrisorias. A esto se suma otro problema habitual: la mayoría de los herederos no residimos en el lugar de origen ni contamos con los conocimientos, medios o posibilidades para hacernos cargo de ellas. Por eso, en la mayoría de los casos, optamos por venderlas.
El valor de los montes -y en general de las tierras del rural gallego- es mínimo. En muchos casos, la única posibilidad de venta depende de que el vecino colindante, si aún vive o se le localiza, quiera adquirirlas. Además, el aprovechamiento agrícola o forestal de estas tierras es escaso, ya que para trabajarlas se requieren medios mecanizados que muchos no poseen ni pueden costear. A esto se añade un hecho nada menor: la mayoría de quienes aún viven en el campo gallego son personas mayores, sin capacidad para asumir el trabajo que estas tierras requieren.
En mi caso, tuve la enorme suerte de encontrar compradores para la mayoría de los trozos heredados. Pero, aunque la suerte fue grande, el beneficio fue mínimo. Aquellas tierras que alimentaron a varias generaciones de mi familia hoy apenas valen lo suficiente como para comprar un coche de segunda mano, y no especialmente bueno.
Comienzo este artículo con este relato poco esperanzador para llegar al punto en el que nos encontramos hoy: España arde sin remedio, y Galicia no es la excepción. Otro verano nefasto para el rural, que ve cómo se destruyen viviendas, patrimonios, cosechas y paisajes.
Durante décadas, el rural gallego ha sido ignorado por las administraciones. No se le han proporcionado los servicios, créditos ni regulaciones necesarias para que su modo de vida fuera atractivo, sostenible y capaz de fijar población. Los políticos han preferido mirar hacia las ciudades, donde los votos crecen año tras año.
Desde los años noventa se han redactado leyes y decretos forestales que, en la práctica, se han convertido en papel mojado. Por un lado, no se ha ordenado el monte, dejando a sus propietarios en un limbo sin expectativas claras. Por otro, no se ha inspeccionado ni aplicado la normativa con rigor. La última norma de la Xunta delega en los ayuntamientos la responsabilidad de inspección y sanción. Una medida intolerable, especialmente en el rural, donde los medios para asumir esa carga son inexistentes. Es, una vez más, una estrategia para no hacer nada.
Y bajo estos mismos parámetros se sigue legislando en otras comunidades. Por eso no es extraño que España arda por los cuatro costados, y Galicia, como siempre, no se quede atrás. Mientras en Francia los chalecos amarillos salieron a la calle para defender el rural como proyecto de vida, aquí seguimos esperando una movilización que reivindique un modo de vida que, con el calentamiento global, será más necesario que nunca.
Es hora de ejercer nuestro derecho a que nuestros impuestos también financien la vida en el campo. Si en las ciudades se arreglan calles, en el rural debe ordenarse y mantenerse el territorio en todos sus ámbitos. Porque sin campo, no hay país.