Del millón cuatrocientos conductores gallegos solo veinte mil utilizan la Autopista del Atlántico, la AP-9 de las españolas y la E-01 de las europeas. Esta es la vía que vertebra el país de norte a sur, entre Ferrol y la frontera portuguesa, una obra que se inició en la dictadura franquista y culminó su trayecto en este siglo.
Las últimas obras realizadas en ella fueron la ampliación de carriles en el Puente de Rande y en el tramo entre Santiago-Norte y Santiago-Sur, pero la inversión no justifica, ni mucho menos, las abusivas tarifas que ha impuesto la sociedad concesionaria Itínere, cuyo accionista mayoritario, con el 40%, es el fondo de inversiones APG, el mayor proveedor de pensiones de los Países Bajos. Los neerlandeses controlan todas las autopistas gallegas de peaje. Es decir, son los exclusivistas de la AP9, que vertebra el eje atlántico; la AG57, Vigo-Baiona; la AG55, A Coruña-Carballo; y la AP53, Santiago-Dozón.
La autopista AP9 -a la que por su trazado con excesivas curvas y limitaciones de velocidad deberíamos llamar autovía- tuvo un coste total de 1.428 millones de euros y la compañía que la explotó obtuvo en 55 años un beneficio confesado de 4.400 millones de euros.
Esta es la cifra de negocio más rentable de todas las concesiones que se hicieron en Galicia a lo largo de su historia, muy por encima, incluso, de los grandes embalses que gestionan las compañías eléctricas.
La antiguamente llamada Autopista del Atlántico es un verdadero filón para sus accionistas que facturarán en los próximos 30 años, con las actuales tarifas, 12.200 millones de euros, lo que supondrá un beneficio que se aproxima a los 8.000 millones, partiendo, a la baja, del volumen de negocio actual.
Nuestros dirigentes políticos ya le han regalado a unos señores que se supone ya tenían muchísimo dinero casi trece mil millones de euros.
Mientras los accionistas se hicieron más ricos los gallegos empobrecimos y solo 20 mil privilegiados pueden disfrutar de una infraestructura que debería ser pública y gratuita desde al menos el año 2.000.
Un señor que viva en Pontevedra y trabaje en Santiago -hay alrededor de 2.500 personas- pagaría al mes a la concesionaria nada menos que 501'6, es decir, una tercera parte del sueldo medio.
A los gallegos nos importa un rábano si la AP9 es privada y la controla el Estado o la Xunta, aunque el Parlamento Gallego votó por unanimidad la demanda de su transferencia. Solo pedimos la misma gratuidad que tienen los madrileños con algunas de esas autovías que se fueron al tacho.
Porque estamos hartos de pagar peajes abusivos y de que no nos den nada... a cambio de cobrarnos altos impuestos por el "lujo" de la compra de nuestros coches, por el mero hecho de circular o un 21% de IVA cuando tenemos una avería; esto además de esas abusivas multas que no evitan accidentes, que solo sirven para que Hacienda nos exprima más.
Como sigan así las cosas me parece a mí que terminaremos explotando...
Así que, señor presidente Sánchez, arregle usted esta injusticia, haga revertir la concesión de la AP-9 de los neerlandeses en el pueblo gallego, su verdadero dueño.
