Por qué la protección de la infancia debe ser una prioridad innegociable

En un mundo que presume de avances sociales, tecnológicos y legislativos, aún persisten realidades intolerables. La violencia, el abuso y la explotación sexual infantil continúan siendo tragedias silenciadas que afectan a miles de menores en todos los rincones del planeta. Hace unos días fue detenido un numeroso grupo de personas en España presuntamente implicadas en la producción y distribución de material de pornografía infantil. Según la Policía Nacional, al menos 61 personas estarían directamente relacionadas con estas actividades, mientras que otras 17 se encuentran aún bajo investigación. Pero una de las cosas que más llama la atención es que los implicados residen en todas las provincias de las comunidades autónomas peninsulares, desde el norte hasta el sur y de este a oeste, así como en los archipiélagos balear y canario, e incluso en las ciudades autónomas.

Para que se produzca un fenómeno de esta magnitud, deben concurrir tres elementos esenciales. Por un lado, que haya personas activamente implicadas en redes de explotación sexual infantil; segundo, que exista individuos que, además de una motivación personal, obtengan beneficios económicos mediante la producción o distribución de este tipo de contenidos ilegales, y, tercero, que dispongan de menores captados o coaccionados, ya sea de forma voluntaria o forzada, para participar en actos de naturaleza sexual.

La pederastia ha estado presente, con mayor o menor intensidad, en todas las civilizaciones, a menudo en función de su tolerancia cultural o de la legislación vigente en cada época. En la actualidad, la inmensa mayoría de los países no la toleran, gracias a la incorporación de normas internacionales y al desarrollo de legislaciones nacionales específicas. Muchos estados se acogen a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, en especial a sus artículos 19 y 34, los cuales comprometen a los Estados Parte a proteger a los menores de todas las formas de explotación y abuso sexual. Además, el artículo 34 dispone que los Estados deberán adoptar todas las medidas necesarias, tanto nacionales como bilaterales y multilaterales, para impedir: a) La incitación o coacción a un menor para que participe en cualquier actividad sexual ilegal. b) La explotación infantil con fines de prostitución u otras prácticas sexuales ilícitas. c) La utilización de menores en espectáculos o materiales pornográficos.

Así son las cosas, y así quedan escritas y descritas en nuestro mundo moderno. Sin embargo, todavía existen individuos a los que no les importan ni las leyes, ni la cultura, ni la vulnerabilidad de los menores. Niños, niñas y adolescentes que, en demasiadas ocasiones, son víctimas de secuestros o coacciones, y obligados a mantener relaciones sexuales para las que no están preparados, ni física ni emocionalmente. Este tipo de abusos deja unas profundas secuelas en ellos, cuyas consecuencias arrastran durante todas sus vidas y que afectan gravemente su desarrollo y su capacidad de vivir plenamente como personas adultas.

Algunos menores incluso llegan a sufrir la pérdida de la vida en prácticas de extrema violencia a las que son sometidos por sus propios progenitores o familiares, lo que agrava aún más la atrocidad del crimen. Casos como el del médico francés Joël Le Scouarnec, que admitió haber abusado de 299 pacientes y se declaró responsable de la muerte de dos de ellos, evidencian el grado de degeneración moral que pueden alcanzar estos individuos.

Tanto quienes inducen o empujan a otros a participar en este tipo de actos, como aquellos que intentan justificar estas prácticas como una manifestación más de la sexualidad humana, deben ser denunciados, juzgados y excluidos de nuestra sociedad. Sus acciones, además de ser éticamente reprobables y legalmente condenables, provocan en las víctimas efectos devastadores, que se manifiestan en su etapa adulta con secuelas emocionales, traumas psicológicos o imposibilidad de romper con el ciclo de abuso en el que estuvieron atrapados.

Proteger a la infancia no consiste solo en actuar solidariamente hacia ellos, sino también prevenir que surjan grupos que desarrollen este tipo de actos y cuando aparezcan mostrarlos públicamente como delincuentes perversos que son y hacer que sobre ellos caigan las normas que nos hemos dado con todo su peso. Solo así, se podrá prevenir su aparición, pues si las mujeres necesitan de ser cubiertas en los atentados que protagoniza la violencia machista, los menores todavía lo precisan más por no poder denunciarla por sí mismos.