Menores en Galicia: un problema estructural sin respuestas eficaces

El presidente de la Xunta y la conselleira de Política Social e Igualdade han vuelto a pronunciarse sobre la situación de los menores inmigrantes no acompañados. Sin embargo, su postura no aporta novedades respecto al acogimiento de estos jóvenes en Galicia. En lugar de plantear soluciones concretas, han enfatizado las dificultades para albergarlos, e incluso han recurrido a la vía judicial para impugnar las normativas establecidas por el Gobierno.
Desde el momento en que el Gobierno comenzó a urgir a las comunidades autónomas para el traslado de menores desde Ceuta y Canarias, poco o nada se ha hecho para aliviar la saturación de los centros de acogida en estas regiones.
Pero la situación va más allá: en Galicia, ni siquiera se ha garantizado que algunos de sus centros habituales puedan mantenerse abiertos debido a la falta de financiación adecuada. Un ejemplo claro es el Centro de Menores Concepción Arenal de A Coruña, donde algunos jóvenes cumplen medidas judiciales. La crisis en la gestión del departamento es evidente, ya que se ha lanzado por segunda vez una convocatoria para su administración sin que, hasta el momento, ninguna entidad -ni siquiera la que tenía su guarda hasta ahora- haya presentado su candidatura.
El sistema de protección de menores en Galicia se encuentra en una situación precaria. Ante esta problemática, la respuesta del gobierno gallego ha sido trasladar a los menores a centros gestionados por entidades privadas en otras comunidades, una práctica que contraviene la normativa internacional, nacional y autonómica, diseñada para garantizar que los menores permanezcan dentro de sus círculos de integración y referencia más cercanos.
Además de este incumplimiento, el gobierno gallego ha rechazado cualquier tipo de financiación del Estado, presentando cifras que ni siquiera figuran en sus propias cuentas. Sin embargo, más allá de la confrontación política —que parece seguir el tono desafiante de un duelo del Viejo Oeste—, el problema de fondo radica en la incapacidad del organigrama de la Xunta para atraer a las entidades necesarias que permitan garantizar los recursos suficientes para estructurar y fortalecer el sistema de protección de menores en Galicia.
La falta de planificación y de una estrategia efectiva impide que este sistema evolucione hacia un modelo integral, capaz de atender todas las contingencias que afectan a niños, niñas y jóvenes en la actualidad. Además, la falta de capacidad estructural pone en riesgo su sostenibilidad, haciendo que, en situaciones de alta demanda, se vea sobrepasado por la población que depende de la asistencia pública.
En un mundo que avanza a un ritmo vertiginoso, resulta impensable que los centros del pasado puedan, por sí solos, responder a las necesidades actuales. La evolución de los sistemas de protección y asistencia exige una planificación adaptada a los nuevos desafíos, no soluciones improvisadas que recurran a agentes externos como último recurso cuando las limitaciones estructurales se hagan evidentes.
Como he señalado en otras ocasiones, los centros de menores en Galicia ya estaban saturados antes de la propuesta de acoger a los jóvenes trasladados desde Canarias y Ceuta. Este problema no es coyuntural, sino estructural, y pone en evidencia la falta de capacidad de sus responsables para gestionar y dar soluciones eficaces.
Ante esta situación, es imprescindible una mayor autocrítica y buscar mejores gestores para solucionar unos problemas que llevan años denunciados por activa y por pasiva por todo tipo de colectivos.