La zona de obra prorrogada por la aparición de restos arqueológicos
El martes, el alcalde firmó un decreto por el que se incoa un expediente de penalidad por importe de 1.531,76 euros diarios a la empresa que ejecuta las obras de la "peatonalización" del tramo de Montevideo y Quiroga Ballesteros. Esta penalización se aplicará por cada día que supere una fecha, el 6 de mayo (de este año, aunque les pueda sorprender) hasta la "recepción formal de las obras" una vez comprobada la terminación completa de la obra.
Lo primero que resulta llamativo es que se conceda una prórroga hasta el 6 de junio para terminar la obra, pero haya penalizaciones desde un mes antes. La explicación es relativamente sencilla: la prórroga no se dio para toda la obra sino para un tramo concreto, la zona donde aparecieron restos arqueológicos (entre el cruce con Rúanova y el número 19 de Bolaño Rivadeneyra), por lo tanto, es coherente que se pueda dar ese nuevo plazo por una circunstancia extraordinaria, pero mantener el del resto de las actuaciones.
El problema es que el Ayuntamiento se enfrenta a la probabilidad (que no posibilidad) de que la empresa recurra ese decreto y demuestre los retrasos causados por el propio gobierno, con lo que ese dinero no se le podría incautar a la firma privada.
Pero más allá de este asunto puntual, que en esta zona está abierto a debate e interpretación, lo que a uno se le viene a la cabeza es... ¿por qué se impone esta sanción desde el 6 de mayo cuando la obra lleva un retraso de más de un año? Concretamente tenían que haber terminado el 11 de febrero de 2024. La otra pregunta lógica es ¿por qué no se toma una medida similar en la obra de Santo Domingo que tenían que haber concluido el día 24 de abril del año pasado?
Resulta llamativo que en dos obras que tienen unos retrasos acumulados de casi mil días entre las dos se multe a la empresa de una de ellas por tardar más de lo previsto, sobre todo cuando observamos que tras la finalización de la Plaza del Ferrol, el 30 de mayo de 2024, aún quedaban algunos flecos por resolver que no supusieron sanción a la empresa, al menos que sepamos.
Estos temas son muy complejos, no se lo discuto, pero el hecho de tener tres empresas diferentes sobre el terreno crea posibles desigualdades de trato, lo que es preocupante, como también lo es que se haya fraccionado el proyecto en tres contratos de forma totalmente arbitraria para eludir las obligaciones legales que tendría uno de mayor cuantía.
Pero de eso ya hablaremos
