Seguir los protocolos un derecho de los usuarios y un deber de los trabajadores

Una de las últimas tareas que afronté durante mi trabajo en protección de menores en la Xunta de Galicia fue la actualización de los protocolos para el desempeño de los técnicos en los centros de menores. La última revisión databa de 2016 y, desde entonces, se habían promulgado diversas leyes que debían incorporarse a los nuevos procedimientos.

Para llevar a cabo esta tarea, reunimos a técnicos y directores de centros de toda la Comunidad, con el objetivo de definir con mayor precisión las directrices organizativas, la gestión de recursos y las actuaciones necesarias para mejorar la calidad de vida de los internos, así como fortalecer su percepción de prevención y protección ante las distintas situaciones que pudieran enfrentar.

Para ello, disponíamos de una amplia batería de protocolos diseñados con estos fines, como los de ingreso; de elaboración y seguimiento del proyecto educativo individualizado (PEI); de participación y propuestas de mejora; de atención sanitaria, y de salida, entre otros. Sin embargo, advertí que aún faltaban algunos protocolos esenciales que debíamos incorporar, específicamente aquellos relacionados con el acoso y los abusos sexuales. Pues, durante los últimos años, tanto dentro como fuera de los centros, se había registrado un aumento preocupante de este tipo de agresiones, lo que hacía urgente su implementación.

Como mencioné, esta fue una de las últimas tareas que llevé a cabo, aunque no pude concluirla en su totalidad. No obstante, confiando en que el equipo con el que trabajaba daría continuidad a este esfuerzo, dejé plasmadas las referencias básicas de ambos protocolos, con la esperanza de que pudieran analizarlos y perfeccionarlos.

Los protocolos son elementos fundamentales para la organización interna de todos los servicios, ya que reflejan su identidad y calidad. En los centros de menores, su cumplimiento es obligatorio, aunque en ocasiones ocurre que cada miembro del personal los adapta a sus propias condiciones y expectativas, algo que puede distorsionar el compromiso colectivo en la mejora del trabajo.

Precisamente, algo así ha sucedido recientemente en un centro de acogida de Madrid, donde dos menores denunciaron a sus educadoras haber sufrido abusos por parte de otros compañeros. Las educadoras informaron al director, quien no tomó ningún tipo de medidas ni le otorgó la importancia necesaria al problema. Incluso, las niñas llegaron a afirmar que el director las acusó de tener alucinaciones.

Posteriormente, la Fiscalía de Menores asumiría la responsabilidad de estudiar estas actuaciones, una tarea que ya le correspondía inicialmente. Sin embargo, ahora, además de investigar los casos, también deberá determinar si hubo negligencias previas por parte del director y evaluar la posibilidad de sancionarlo. La resolución podría derivar en su destitución o, incluso, en su inhabilitación para ejercer cualquier empleo relacionado con niños, niñas o adolescentes.

Para prevenir este tipo de situaciones, los protocolos establecen medidas preventivas como la formación especializada del personal, criterios de selección rigurosos y códigos de conducta para quienes trabajan con menores. Además, promueven la creación de entornos seguros y fomentan una cultura de respeto y protección.

En estos centros, también es fundamental la designación de figuras de protección, como los delegados de protección, a quienes los menores puedan acudir para expresar inquietudes o denunciar situaciones de abuso. Esto resulta especialmente necesario, dado que muchos menores en situación de desamparo o abandono carecen de alguien a quien recurrir, por lo que requieren una persona de absoluta confianza dentro de la institución de acogida. Ante cualquier sospecha o conocimiento de un posible abuso sexual, será esta figura quien lo comunique de inmediato a la dirección del centro o al responsable designado, siguiendo los canales internos establecidos por los protocolos. En estos casos, es imprescindible actuar con rapidez, evitando la revictimización del menor y asegurando que la información se recoja de manera discreta y confidencial. Además, es fundamental evitar la repetición de entrevistas que puedan contaminar el testimonio del menor.

El protocolo establecerá, en estos casos, la separación preventiva del presunto agresor del menor, siempre que exista contacto directo, con el fin de proteger a la víctima y evitar nuevas situaciones de riesgo. Asimismo, se deberá informar a las familias o tutores legales sobre la situación, excepto cuando ello pudiera representar un riesgo adicional para el menor o en casos en los que dichas personas hayan perdido su condición tutelar.

También el centro ha de llevar al/la menor a un centro de salud para su reconocimiento médico y la elaboración de un parte de lesiones. Y, por último, pero no menos importante, el centro deberá notificar el caso a los servicios de protección de menores, fuerzas de seguridad, Fiscalía de menores y, si procede, a la autoridad judicial, para que abra la investigación correspondiente.

Así, los protocolos no solo establecen programas de actuación interna, sino que también articulan la coordinación interinstitucional entre los servicios sociales, los centros educativos, la policía, la Fiscalía, los juzgados y los equipos especializados en salud mental y atención a las víctimas.

Por ello, estos protocolos son fundamentales para garantizar el adecuado funcionamiento de los centros y servicios, asegurando que todos los involucrados los cumplan. De lo contrario, la falta de regulación y control puede derivar en situaciones de abuso e incluso en el colapso del sistema.