Responsabilidades compartidas

Al parecer nadie discute que la vivienda continúa siendo una preocupación, en nuestro país. El problema está en la búsqueda de soluciones y en la demagogia que se utiliza, en demasiadas ocasiones, por parte de algunos propietarios, grandes tenedores o grupos inmobiliarios sobre la inseguridad jurídica.

Los primeros, en sufrir inseguridad jurídica, son los propios ciudadanos que desean suscribir un contrato de arrendamiento o hipotecario. Cuando la actual Ley de Vivienda, no se aplica ni se cumple por parte de algunas comunidades autónomas, entre ellas la de Galicia, nos encontramos con la dificultad en declarar las denominadas "zonas tensionadas" para establecer un tope al alquiler, en muchos casos abusivos y que se incrementan sin ningún tipo de control, más propio de la usura y la especulación.

Los propietarios de inmuebles destinados al arrendamiento de la vivienda habitual de personas y familias no pueden quejarse de la inseguridad jurídica porque tienen la garantía y la tranquilidad necesarias, ofrecida por la Xunta de Galicia. La Xunta, concretamente desde el Instituto Galego de Vivenda e Solo, dispone de una póliza de seguros por la cual garantiza el cobro por el impago de rentas así como la cobertura de daños ocasionados en el inmueble. Para ello hay que firmar un convenio de colaboración, dentro de la legalidad, por el cual la vivienda debe cumplir con los mínimos requisitos de habitabilidad y que el importe de la renta sobre el arrendamiento sea acorde a los precios normales de la zona.

La mayor responsabilidad, compartida, la tienen las diferentes administraciones públicas, desde la municipal, provincial, autonómica, central y europea. Todas ellas tienen que ser valientes y adoptar medidas contundentes. Para encontrar soluciones reales a la problemática de la vivienda habrá que cambiar ciertas mentalidades y entender la vivienda, no como un negocio sino como un Derecho Fundamental y básico para todos los ciudadanos, de lo contrario será muy difícil dar cumplimiento al artículo 47 de la Constitución.