Intervenir y regular el mercado inmobiliario

Es bueno, necesario y conveniente recordar la lucha por el derecho a la vivienda para entender la situación actual. Todos los políticos, gobernantes y la sociedad en general somos conscientes de que uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos es el de la vivienda.

Hace casi dos décadas comenzamos a sensibilizar a las entidades financieras y a las administraciones públicas para entender que la firma de las hipotecas no era únicamente una cuestión particular. Las entidades financieras no podían desahuciar sin más, a familias vulnerables o humildes, por no poder pagar las cuotas hipotecarias. Tenían que garantizarles sus derechos, una vez que había cantidad de clausulas abusivas en dichos contratos que beneficiaban únicamente a los bancos. Era obligatorio ponerle límites a la usura bancaria y se avanzó, teniendo que estudiar cada caso e intermediar para ofrecerles salidas amistosas a través de una dación en pago, una moratoria, un alquiler social, una restructuración del préstamo, etc...

Hay que recordar que las entidades financieras exigían avalistas para formalizar cualquier préstamo hipotecario. Cuando sucedía alguna causa sobrevenida, por determinadas circunstancias laborales o personales, las familias perdían sus viviendas habituales, las viviendas de los avalistas (normalmente la de los padres) y se quedaban con las deudas de por vida. Esto ocurría, no hace mucho tiempo y es bueno tenerlo en cuenta.

Actualmente, habrá que hacer lo mismo con muchos de los rentistas o propietarios de viviendas en alquiler. Hay que recordarles de que no todo vale, en un Estado Social y Democrático. No se puede imponer un precio abusivo al arrendamiento de las viviendas habituales, de larga duración. No se deben exigir muchos más meses de fianza, que los legalmente establecidos; no se pueden imponer avales bancarios para la firma de un arrendamiento; no se puede obligar a que los inquilinos formalicen un seguro privado por impago de rentas; tampoco se puede presionar a que los inquilinos abonen el IBI (contribución) o que aseguren el contenido y continente del propio inmueble, etc...

No podemos cansarnos de insistir en que es urgente intervenir y regular el mercado inmobiliario. Poniendo a trabajar las labores inspectoras en los grupos inmobiliarios y sacar al mercado las miles de viviendas vacías y rehabilitar o terminar las urbanizaciones fantasmas existentes. Luego, a medio y largo plazo, construir más viviendas públicas en régimen de alquiler y que no puedan transmitirse a terceros. Insistimos, siempre, de que no es tan complicado, sólo es cuestión de valentía y voluntad política.

José Manuel Pena, portavoz de la Plataforma "STOP DESAHUCIOS" Barbanza.