Emergencia social

Según el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre los meses de abril y junio del año en curso, se ejecutaron 5.874 desahucios por impagos de alquiler y unos 469 por ejecuciones hipotecarias, en total 6.343 desalojos o lanzamientos. Es evidente de que los desahucios crecieron un 7,8 por ciento, a pesar de todas las medidas adoptadas por las administraciones públicas y del alargamiento de la moratoria para personas vulnerables.

Por otra parte el CGPJ destaca, en su informe, sobre el descenso de las ocupaciones. La propia Ministra de Vivienda señala que "el problema no está en las ocupaciones, sino en atender a los que más lo necesitan". También resalta la urgencia en la "regulación de los alojamientos temporales y turísticos". Es evidente de que existe una emergencia social, en materia de vivienda y es el problema fundamental para una gran mayoría de ciudadanos.

En Galicia, en ese mismo período había 24 ocupaciones ilegales de viviendas, frente a los 289 desahucios de viviendas habituales. Por ello, a pesar de las medidas adoptadas por parte de algunas administraciones, no son suficientes para garantizar el derecho a la vivienda, frente a la especulación y a la usura de algunos rentistas, fondos de inversión o grupos inmobiliarios. Sin olvidarnos de la desinformación y los bulos de algunos medios de comunicación que están al servicio de todos esos especuladores y traficantes de inmuebles.

La realidad es la que es y lo demás son demagogias y tertulias estériles. Puedes estar sin trabajo, no saber leer ni escribir, carecer de un vehículo privado o tener más o menos para comer, pero lo que no puedes es estar sin techo o vivienda. Eso es un bien básico de consumo que ya debería estar garantizado, a estas alturas de la película.