La vivienda

La Xunta de Galicia, es competente en materia de vivienda desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia, en el año 1.981, conforme al artículo 27, punto 3 del mismo. Desde todo ese tiempo han sido muy pocas las medidas importantes que se adoptaron para conseguir que la vivienda fuese un Derecho en vez de un bien de mercado y de negocio, como continúa siendo en la actualidad.

Hasta el momento, la mayoría de las administraciones públicas, siempre han protegido a los rentistas y propietarios para que hiciesen negocio, en una sociedad de un libre mercado feroz, a través de la especulación más salvaje. También defendieron a las entidades financieras y grupos inmobiliarios para que siguiesen realizando las transacciones hipotecarias con total impunidad y que más tarde serían penalizadas por parte de los tribunales de justicia, por abusivas, arbitrarias y lejos de las Buenas Prácticas Bancarias.

El problema de la vivienda continúa latente en una sociedad cada vez más desigual, donde los más jóvenes acceden al mercando de trabajo muy tarde y con salarios de miseria. Uno de los peores momentos, en España, fue a partir del 2.008, con la crisis inmobiliaria o del ladrillo, en donde las entidades financieras se dedicaban a desalojar a muchos propietarios de sus viviendas habituales por impagos de la hipoteca. Miles de desahucios y decenas de suicidios de personas humildes que, por situaciones sobrevenidas, se habían quedado sin trabajo o sin ingresos para poder hacer frente a las cuotas hipotecarias de sus préstamos. Se quedaban sin vivienda y además estaban obligados a pagar el préstamo pendiente.

En aquellos tiempos, no muy lejanos, no había ni daciones en pago, ni moratorias, ni suspensión de los desahucios por vulnerabilidad, ni el Código de Buenas Prácticas, ni la asistencia jurídica gratuita para poder defenderse. En fin, los propietarios e inquilinos se encontraban en una auténtica indefensión frente a las entidades financieras. La mayoría de los políticos y gobernantes miraban para otro lado y decían que todo era una cuestión particular, entre los hipotecados y las entidades crediticias, cuando no querían ser conscientes de que se hablaba de proteger la vivienda habitual, no de la segunda o tercera residencia.