Gobernar y gestionar

Las diferentes administraciones públicas tienen la obligación de cumplir con la legalidad vigente, priorizando las necesidades y los derechos de las personas. No pueden dejar, parte de la política social, en manos de las entidades sociales y ongs, sin ánimo de lucro. No pueden seguir eludiendo sus responsabilidades.

Lo más hipócrita es ver cuando llegan unas elecciones, a todas las formaciones políticas, se les llena la boca en prometer más derechos para la ciudadanía. Llega la hora de gobernar y gestionar, algunas de esas formaciones, se dedican a recortar derechos y servicios públicos en beneficio de la iniciativa privada, dejando parte del problema en manos de las entidades benéficas. No puede ser que muchas entidades sociales estén desbordadas en la atención a las personas vulnerables que tratan de ayudar, mientras algunos de nuestros gobernantes locales y autonómicos, principalmente y sobre los que recaen la responsabilidad sobre las políticas sociales, se dedican a mirar para otro lado como si la situación no fuese con ellos.

No nos puede extrañar que aumente la desigualdad en una sociedad en la que, a una gran parte de los gobernantes, apenas les preocupa la pobreza y la miseria humana. Se centran en rebajar impuestos a las grandes corporaciones industriales y empresariales, a las entidades financieras, a las empresas eléctricas y gasistas (es decir, manteniendo los privilegios), mientras persiguen tributariamente a las pequeñas empresas, autónomos y ciudadanos vulnerables.

Claro que no todos los políticos y gobernantes son iguales. Lo mismo sucede con los empresarios, magistrados, militares, pescadores, policías, etc... Hay personas preocupadas por su entorno y por los más débiles, sin que por ello tenga que dejar de lado la creación de riqueza, la generación de empleo o la industrialización responsable.