Viviendas sociales

Ya nadie duda de que la burbuja inmobiliaria y la enorme expansión del parque de viviendas respondió más a una motivación económica y especulativa que a una necesidad social. Consecuencia de ello es que, en muchas ciudades, pueblos y comarcas de nuestro país, se encuentran miles de viviendas vacías, mientras hay familias que viven en infraviviendas o se encuentran bajo la amenaza de un desahucio, por situaciones sobrevenidas de vulnerabilidad económica.

Las pésimas políticas aplicadas sobre las viviendas públicas, sociales, o de especial protección con destino a familias con escasos recursos ha sido un fracaso y no ha llegado a conseguir los fines que se perseguían inicialmente. Todos recordamos, aún no hace muchos años, en plena transición democrática cuando se construían centenares de viviendas sociales y eran adjudicadas a familias acomodadas y con suficientes recursos, por ser un cliente vip de algunas entidades financieras, ser amigo o familiar del funcionario o político de turno o simplemente uno de los habituales "caciques" que gobernaban utilizando su influencia para consentir el abuso de poder, en favor de sus amigos o familiares.

La especulación y el enriquecimiento ilícito, a costa de un bien público, fundamental y de primera necesidad, sigue siendo una pauta a seguir por parte de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas que se acostumbraron a "privatizar" el parque público de viviendas existente para que se enriquezcan entidades y empresas privadas a costa de inversiones millonarias con dinero público.